Imagen: El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Europa Press
El Gobierno tendrá que aprobar más de una decena de normas con rango de ley para obtener fondos europeos. Así lo ha calculado El País, que explica que solo para el quinto desembolso de 6.500 millones, faltan por completar tres: la ley de servicios sociales, la de familias y las reformas fiscales derivadas del libro blanco de recomendaciones de los expertos. Respecto al sexto tramo de fondos, que supera los 3.000 millones, aún hay que tramitar otras ocho, entre otras la ley de industria o la ley del cine. Para pedir los préstamos europeos, hay que sacar adelante además la ley de rehabilitación urbana y la normativa para evitar desperdicios alimentarios.
El paquete que hay que aprobar supera toda la actividad normativa del Congreso desde que empezó la legislatura en enero. En una Cámara fragmentada, el Ejecutivo ha aprobado cuatro leyes y seis reales decretos leyes. En los tres años y medio de la pasada legislatura, el Gabinete sacó adelante más de 200. Algunos socios como ERC o el PNV ya advierten al Gobierno de que debe ser muy selectivo en los textos que envía al Congreso ante las dificultades para encontrar apoyos.
En esta situación, el Ejecutivo ya maneja como hipótesis más probable que no logrará el respaldo para los presupuestos de 2025 y tendrá que prorrogarlos por segundo año.
La CE podría retener una parte de los pagos
Si no se aprueban estas leyes, la Comisión Europea podría retener una parte de los pagos hasta que se culminen, dado que el dinero solo se entrega a cambio de realizar unos objetivos de inversiones y reformas. No obstante, por las leyes solo se retendría una parte, en principio menor, de los más de 30.000 millones pendientes en subvenciones. Ese porcentaje dependería del cálculo del Ejecutivo europeo.
Además, Junts podría exigir contraprestaciones por cada ley, y algunas presentan dificultades de por sí. En el caso de la reforma fiscal, el Gobierno está intentando evitar subidas de impuestos basadas en las recomendaciones de los expertos. Asegura que ya ha hecho suficiente y espera no tener que cumplir con este hito. Pero aun así, la nueva Comisión probablemente presionará para que España adopte alguna iniciativa que ayude a reducir el déficit público.
Otro ejemplo es el proyecto de ley de movilidad sostenible, que lleva tiempo atascado en el Congreso. Esta ya se negoció con Bruselas para retrasarla del quinto al séptimo desembolso y para suprimir los peajes en las carreteras. Pero los socios siguen poniendo problemas. Por ejemplo, ERC pidió en septiembre que se cubriera parte del coste del transporte urbano. Y el PP ha planteado una enmienda a la totalidad que se discute este martes.
A principios de año, el Gobierno tenía la intención de aprobar el grueso de ellas a lo largo de 2024. Según el reglamento comunitario, habría que pedir dos veces al año pagos de fondos europeos. Pero España solo solicitó uno, el cuarto, en 2023. Lo hizo en diciembre cuando el tercer pago se había pedido en noviembre de 2022. Es decir, el Gobierno se llevó más de un año sin pedir fondos. Y ahora lleva nueve meses desde que solicitó en diciembre el último. Pese a estos retrasos, España es el país, tras Italia, que más fondos ha recibido: unos 48.000 millones.
