Gobierno y PP han sido avisados de que el próximo informe sobre el Estado de derecho en España será muy crítico, repartiendo reproches a ambas partes. Desde el PP, aseguran que el ultimátum lanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha roto un marco de confianza en el que las negociaciones «iban bien», tanto que se esperaba cerrar un acuerdo tras la publicación del informe europeo.
Moncloa, por su parte, insiste en que no había ningún principio de acuerdo, justificando así el ultimátum. A pesar de esto, el acuerdo, que lleva un retraso de más de cinco años y medio, sigue sin cerrarse.
Urgencia por los problemas judiciales y su mujer
En Génova, la urgencia de Sánchez se asocia con los problemas judiciales que afectan a su partido y su entorno, como el «caso Koldo» y el «caso Begoña Gómez». Según el PP, Sánchez busca controlar a los jueces debido a estos casos de corrupción. Algunos dirigentes populares consideran que fue un error no renovar el CGPJ en su momento, una obligación también incumplida por el Congreso y el Senado según el mandato constitucional. Sin embargo, no justifican el ultimátum de Sánchez, considerándolo una amenaza al sistema judicial comparable al de las democracias de su entorno.
Una propuesta que dificulta el acuerdo entre partidos
La reforma propuesta por Sánchez, según el PP, solo dificulta el acuerdo, al considerar que el presidente busca desmantelar el Consejo mediante una modificación encubierta de la ley reguladora del Poder Judicial. A pesar de las aclaraciones socialistas de que Moncloa no tendrá competencia en el nombramiento de jueces, el PP y las asociaciones judiciales mayoritarias no están convencidos.
Posibles problemas debido a su situación parlamentaria
La capacidad del Gobierno para sacar adelante esta propuesta es incierta debido a su precariedad parlamentaria. En el ámbito parlamentario, se cree que Sánchez intenta distraer la atención de los múltiples frentes abiertos, incluyendo el «caso Koldo», cuya investigación está casi concluida. Además, el presidente debe gestionar la negociación en Cataluña, el impacto de la crisis en Sumar en su Gobierno y un Congreso cada vez más adverso.
Desde el PSOE, insisten en que hay una salida negociada con ERC, que incluiría la investidura del exministro Salvador Illa, manejada con cautela debido a la crisis interna de los republicanos. En cuanto a la estabilidad parlamentaria, confían en que la agenda regeneradora que presentarán próximamente servirá para recuperar la unidad en el Parlamento.
