La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado a las comunidades autónomas que podrán incurrir en un déficit del 0,1% en los años 2025, 2026 y 2027, en contraste con la anterior obligación de alcanzar un superávit del 0,1% en 2025 y 2026. Además, Montero ha confirmado que las regiones recibirán en 2025 un total de 147.412 millones de euros en entregas a cuenta, lo que representa un incremento del 9,5% respecto al ejercicio anterior, que ya había establecido un récord. Estas transferencias son fondos que el Estado adelanta a las regiones para cubrir sus gastos esenciales, como Educación y Sanidad.
Hasta ahora, la normativa vigente requería que las comunidades autónomas registraran un superávit del 0,1% en 2025 y 2026. Sin embargo, la nueva senda de estabilidad comunicada contempla un objetivo de déficit del -0,1% para los próximos tres ejercicios, otorgando así dos décimas más de margen fiscal a las comunidades autónomas. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, cada décima representa aproximadamente 1.500 millones de euros adicionales.
Este lunes, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) marcado por la tensión, Montero se reunió con representantes de las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular. Cataluña, representada por la republicana Natalia Màs, exigió un modelo de financiación similar al cupo vasco, que permitiría a la Generalitat recaudar el 100% de los impuestos. En cambio, las comunidades gobernadas por el PP demandaron una reforma multilateral del sistema de financiación, sin privilegios para ninguna región en particular.
La consejera andaluza de Economía, Carolina España, expresó su oposición a cualquier trato preferencial hacia Cataluña, argumentando que tal privilegio resultaría en menos recursos para servicios esenciales en Andalucía, como médicos, profesores y atención a la dependencia. Por su parte, el consejero murciano, Luis Alberto Marín, rechazó cualquier concesión menor, insistiendo en la necesidad de una reforma equitativa.
Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, recordó que la Constitución no contempla la posibilidad de un modelo de cupo para Cataluña. Según sus cálculos, tal modelo rompería la solidaridad interterritorial y costaría a los madrileños entre 300 y 1.500 millones de euros. Además, Albert sugirió que dicha medida estaría motivada por la necesidad del presidente del Gobierno de mantenerse en el poder con el apoyo del independentismo catalán.
