Cataluña se va a convertir en la tercera comunidad foral de España, junto con País Vasco y Navarra, tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalidad. El fuero no es malo per se, pero el contenido de este particular pacto empeorará de forma muy sustancial el sistema de financiación autonómico, al crear regiones de primera y de segunda, al tiempo que se conceden privilegios por intereses políticos y se introducen nuevos incentivos tremendamente perversos y contraproducentes.
En España existen, básicamente, dos tipos de financiación regional. Por un lado, está la foral, cuyos gobiernos recaudan y gestionan todos los impuestos que se generan en sus respectivos territorios. Y una vez recaudado el dinero la autonomía paga al Estado un cupo por los servicios que, en teoría, presta el Gobierno central en esas regiones.
El problema de este sistema es que el cupo no sólo es opaco, sino que está mal calculado a propósito a través de negociaciones bilaterales, de modo que lo que pagan realmente vascos y navarros es muy inferior al coste real de los servicios prestados. Es decir, que el resto de España presta financiación gratis a País Vasco y Navarra a cambio de votos en el Parlamento nacional para beneficiar al partido en el Gobierno.
El segundo sistema es el régimen común, donde el Estado recauda casi todos los impuestos y luego reparte la recaudación entre los diferentes gobiernos regionales a través de una fórmula aprobada por el conjunto de las comunidades participantes para poder financiar las competencias transferidas, como educación, sanidad, justicia o servicios sociales, entre otras.
El problema
El problema aquí es doble, ya que, por un lado, los ingresos están centralizados en el Estado y el gasto está descentralizado en las autonomías, generando con ello graves ineficiencias y desincentivos. Dado que el Gobierno recauda y las comunidades gastan, estas últimas tenderán a pedir más y más dinero para llevar a cabo sus políticas sin necesidad de asumir el coste de subir los impuestos. Asimismo, la competencia fiscal brilla por su ausencia, puesto que Hacienda recauda casi todos los impuestos, lo cual limita mucho la capacidad real de las regiones para impulsar el crecimiento y gestionar de forma autónoma y eficiente los servicios públicos transferidos.
Ahora, Sánchez y sus aliados pretenden poner en marcha un tercer sistema que combina justo lo peor de los dos mundos. Cataluña tendrá su fuero y su particular concierto, de modo que los socialistas negociarán de forma bilateral el cupo que la Generalidad tendrá que pagar por los servicios que presta allí el Estado. Esto se traducirá en mayor opacidad y nuevas prebendas, ya que, de nuevo, el cálculo será a la baja, y eso significa que el resto de españoles financiarán a los catalanes. Cataluña recaudará sus impuestos y, además, recibirá dinero del resto de España.
Y como Cataluña dejará de aportar al sistema, pero, al mismo tiempo, se mantendrá el régimen común para el resto de autonomías, surgirá un importante problema de sostenibilidad financiera. No en vano, ¿de dónde saldrá el dinero que dejan de aportar los catalanes para sufragar los servicios públicos del resto de regiones? El plan del Gobierno no es otro que elevar aún más los impuestos y la deuda en las comunidades que se mantengan en el régimen común. Y eso se traduce en borrar de un plumazo la ya escasa competencia fiscal entre regiones. Sánchez, al igual que ya ha hecho con el Impuesto de Patrimonio, obligará al resto de autonomías a subir Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y el 50% del IRPF, que son los tributos que tienen cedidos.
En resumen, más privilegios fiscales y dinero a vascos, navarros y catalanes y muchos más impuestos para el resto de españoles. España tendrá tres fueros (País Vasco, Navarra y Cataluña), tres regímenes especiales (Canarias, Ceuta y Melilla) y catorce infiernos fiscales.
En lugar de extender y acentuar las deficiencias de los modelos vigentes, España, por el contrario, debería implantar lo mejor de ambos: que todas las comunidades autónomas, sin excepción, recauden todos los impuestos que necesiten de forma autónoma y con total libertad para financiar las competencias transferidas; y, ya sea a través de un cupo transparente y bien calculado de forma conjunta o bien a través de impuestos estatales comunes, el Gobierno central financie sus propias competencias, incluyendo un posible mecanismo de redistribución (“solidaridad”) entre regiones ricas y pobres. Este sería, sin duda, un sistema mucho más justo, eficiente y positivo que el actual.
