Manifestación de CSIFen Madrid // J.J. Guillen – EFE
Los funcionarios públicos en España han iniciado negociaciones con el Ministerio de Función Pública, liderado por José Luis Escrivá, para reducir su jornada laboral a 35 horas semanales, una propuesta que, de ser aprobada, les permitiría trabajar media hora menos al día en comparación con los empleados del sector privado. Esta demanda surge en un momento en que el Gobierno y los agentes sociales están debatiendo la posibilidad de reducir la jornada laboral estándar en el sector privado de 40 a 37,5 horas semanales, lo que beneficiaría a más de trece millones de trabajadores.
Actualmente, la jornada laboral de los funcionarios se regula bajo el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que establece una jornada laboral efectiva de 1.620 horas anuales, equivalente a 37,5 horas semanales en promedio. Sin embargo, los sindicatos de funcionarios, con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a la cabeza, han comenzado a presionar para reducir esta jornada a 35 horas semanales, alineándose con las propuestas de reducción de la jornada laboral que el Gobierno está considerando para el sector privado.
Este movimiento por parte de los funcionarios se produce en un contexto favorable para sus demandas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido una firme defensora de la reducción de la jornada laboral como una forma de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, un argumento que los funcionarios han tomado como apoyo para sus propias reivindicaciones. Según fuentes cercanas a las negociaciones, los sindicatos de funcionarios están decididos a aprovechar esta oportunidad para obtener una jornada más corta, que sería media hora menos al día que la propuesta para el sector privado.
CSIF ha mantenido varias reuniones con el ministro Escrivá para avanzar en esta negociación colectiva dentro de las administraciones públicas, enfatizando la necesidad de que las mejoras laborales no se limiten al sector privado, sino que también se extiendan a los empleados públicos. Argumentan que, dado el respaldo del Gobierno a la idea de reducir la jornada laboral, es lógico que los funcionarios también se beneficien de esta medida.
A pesar de estas demandas, existen excepciones dentro del régimen laboral de los empleados públicos. Por ejemplo, algunos puestos específicos, bajo un régimen de especial dedicación, requieren una jornada de 40 horas semanales. Asimismo, en ciertos casos, los funcionarios pueden solicitar una jornada reducida por interés particular, con un horario continuo de 9:00 a 14:00 horas, aunque esto implica una reducción de salario al 75% de las retribuciones habituales. Además, durante el verano, del 16 de junio al 15 de septiembre, los funcionarios tienen derecho a una jornada intensiva de seis horas y media continuas, generalmente entre las 8:00 y las 15:00 horas.
La negociación sobre la jornada de 35 horas es un tema que sigue en discusión, y aunque no está claro si se alcanzará un acuerdo, lo cierto es que los funcionarios están decididos a conseguir condiciones laborales más favorables. Este proceso resalta la creciente influencia de los sindicatos en la agenda laboral del país desde la entrada de Yolanda Díaz en el Gobierno.
