Complejo industrial de Repsol en Puertollano
Repsol no es la primera y tampoco será la última empresa en sufrir el desmedido afán recaudatorio del Gobierno de Pedro Sánchez. La petrolera ha anunciado que trasladará parte de sus proyectos a Portugal en señal de protesta por el impuesto extraordinario que pesa sobre sus cuentas. En concreto, llevará a la población lusa de Sines una inversión de hidrógeno renovable por importe de 15 millones de euros. Y, aunque a primera vista parece una cifra menor, podría marcar tendencia, ya que el mantenimiento de este impuesto pone en riesgo los 3.000 millones en inversiones que prevé desarrollar su plan estratégico en los próximos años.
Esta decisión responde a la intención de convertir en permanente el impuesto especial que soportan empresas energéticas y entidades financieras desde hace dos años. El tributo en cuestión, aprobado a finales de 2022, aplica un tipo del 1,2% sobre las ventas netas en el caso de las eléctricas, mientras que los bancos pagan un 4,8% adicional sobre su margen de intereses y comisiones. Dicha fiscalidad se diseñó con carácter temporal y extraordinario, de modo que, en principio, se extinguirá al finalizar el presente año, pero el Ejecutivo quiere ahora mantenerla de forma indefinida. En total, los impuestos extra sobre ambos sectores han recaudado cerca de 6.000 millones de euros.
Está por ver si, finalmente, la coalición de PSOE y Sumar se saldrá con la suya, ya que necesitan el apoyo de todos sus socios para que la medida obtenga luz verde. El PNV estaría dispuesto a prestar sus votos, puesto que, gracias a las nuevas competencias adquiridas, podrá aplicar bonificaciones en el País Vasco, de modo que poco o nada le afecta. Junts, sin embargo, parece dispuesto a bloquear este despropósito, debido a la paralización de proyectos energéticos que podría causar en Cataluña.
En todo caso, se apruebe o no su extensión en el tiempo, el mal ya está hecho. España ha dejado de ser un país atractivo para invertir. El traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos en 2023 ya supuso una voz de alerta a tener muy en cuenta. Asimismo, la caída que ha experimentado la inversión exterior en los últimos años refleja una tendencia muy preocupante a corto y medio plazo. Y el puñetazo que acaba de pegar Repsol encima de la mesa es la prueba inequívoca de que España no es fiable desde el punto de vista regulatorio y tampoco resulta competitiva fiscalmente.
Así como la huida de youtubers a Andorra hace algunos años puso de manifiesto la creciente asfixia fiscal que sufren muchos empresarios y trabajadores altamente cualificados, de modo que hoy son decenas de miles los españoles que, año tras año, deciden salir del país hartos de la persecución y el robo del Fisco, el malestar de las grandes multinacionales evidencia el expolio que sufren autónomos y empresas.
Si un gigante como Repsol, con toda su capacidad e influencia, ganando además dinero gracias a su actividad internacional, está harta de la arbitrariedad y la confiscación del Gobierno, cómo estarán entonces los millones de autónomos y pymes que luchan por mantenerse en pie a pesar de los impuestos y trabas que impone el Estado. Son muchas las compañías que, por desgracia, desaparecen por el camino sin hacer ruido.
Los youtubers, antes, y Ferrovial o Repsol, ahora, son tan sólo los canarios en la mina que alertan sobre una amenaza muy real: los numerosos y abusivos impuestos que pagan familias y empresas. Y prueba de ello es que España ocupa el puesto 33 de un total de 38 países analizados en el Índice de Competitividad Fiscal 2024 que acaba de publicar la Tax Foundation. Esto significa que España está a la cola de la OCDE en materia de impuestos.
Esta abusiva y perversa fiscalidad resta capacidad de ahorro y consumo a los trabajadores, al tiempo que reduce la inversión empresarial y ahuyenta tanto capitales como talento, lastrando el crecimiento económico del país a medio plazo, lo cual se traduce en un empobrecimiento generalizado… Aún mayor.
