El Gobierno vivió este lunes una de las sesiones más tensas y confusas en la Comisión de Hacienda del Congreso. La reforma fiscal, diseñada durante semanas como pieza clave para los compromisos con Bruselas, se desmoronó entre desacuerdos y giros de última hora. Enfrentado a una votación al filo del abismo, el Ejecutivo logró salvar el dictamen con un acuerdo improvisado, pero dejó patente su fragilidad parlamentaria.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que España debe aumentar la presión fiscal para acercarse a la media europea y reducir déficit y deuda sin recortar gastos. Sin embargo, los múltiples desacuerdos entre los socios de gobierno han convertido este objetivo en un terreno cada vez más resbaladizo.
Negociaciones al límite para mantener el control
La Comisión debía aprobar el dictamen que incluye la trasposición de la directiva europea para un impuesto mínimo del 15% a multinacionales, un requisito de Bruselas. Aprovechando esta normativa, el Ejecutivo intentó incluir un paquete de medidas tributarias clave para los presupuestos de 2025. Pero las intensas negociaciones previas no evitaron el colapso en el momento crucial.
Ante el riesgo de fracaso, el Gobierno rompió su pacto con Junts y el PNV y selló un acuerdo con ERC, Bildu y BNG para prorrogar el impuesto a las grandes energéticas. Este movimiento desesperado permitió salvar el dictamen, aunque dejó en el aire varias propuestas que ahora dependerán del pleno del jueves.
Medidas rechazadas
Entre los puntos más controvertidos que no superaron la votación se encuentran:
- Impuesto a la banca: la extensión del gravamen extraordinario sobre entidades financieras fue rechazada, aunque podría recuperarse en el pleno con modificaciones para gravar a los bancos de mayores ingresos.
- Tributo a las energéticas: pese al acuerdo con la izquierda independentista, Junts mantiene su oposición a la prórroga del impuesto extraordinario, argumentando que perjudica la inversión en descarbonización.
- Gasóleo: la equiparación fiscal entre gasóleo no profesional y gasolina, pactada con Junts y el PNV, quedó fuera del dictamen.
- Ventajas fiscales: propuestas para eliminar beneficios en socimis, viviendas turísticas y bienes de lujo tampoco prosperaron.
- Primas de seguros: el fin de la exención para seguros sanitarios, que afectaría a más de un millón de ciudadanos, fue rechazado.
Medidas aprobadas: avances limitados
Pese a las dificultades, la Comisión logró dar luz verde a algunas iniciativas:
- Tipo mínimo del 15% en sociedades: obligatorio por directiva europea, esta medida evita sanciones de Bruselas por el retraso.
- IRPF: se incrementa al 30% la base del ahorro para rentas superiores a 300.000 euros anuales.
- Impuesto al vapeo: se grava la nicotina de los cigarrillos electrónicos y se aumenta el impuesto al tabaco convencional.
- Fraude en hidrocarburos: una iniciativa del PNV para combatir tramas de IVA fue validada.
- Correcciones en sociedades: se ajustaron medidas tras el varapalo del Tribunal Constitucional a las reformas de Cristóbal Montoro.
Un escenario político y fiscal al límite
El balance de esta sesión no solo deja al descubierto la debilidad de la coalición de gobierno, sino que complica la aprobación de los presupuestos de 2025, considerados esenciales para la legislatura. Sin grandes reformas económicas aseguradas y con una mayoría parlamentaria profundamente dividida, el Ejecutivo enfrenta un horizonte lleno de incertidumbres políticas y fiscales.
