El régimen de Nicolás Maduro intensifica esfuerzos para evitar que un eventual regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos reactive las severas políticas de presión de su primer mandato. Durante aquel periodo, Washington respaldó un intento fallido de pronunciamiento militar en Venezuela y aplicó una batería de sanciones que culminaron en un embargo integral al petróleo, exacerbando la crisis financiera del país.
Empresarios y petroleras en el centro de las negociaciones
La posición de Maduro ha encontrado eco entre empresarios estadounidenses con intereses en Venezuela, como Harry Sargeant, importador de asfalto, y ejecutivos de petroleras como Chevron. Estas compañías, beneficiadas por el aperturismo de la Administración Biden, han abogado por evitar un retorno a sanciones duras que puedan desestabilizar los mercados energéticos y provocar un alza en los precios de la gasolina.
Las concesiones de Biden permitieron la reactivación parcial de la producción petrolera venezolana, que pasó de 300.000 barriles diarios en 2020, tras el embargo de Trump, a superar los 800.000 barriles en la actualidad. Este contexto ha reforzado los argumentos de quienes buscan mantener la estabilidad comercial con Venezuela.
Intentos de diálogo en el pasado
Durante el primer mandato de Trump, figuras clave de su entorno, como Richard Grenell, exdirector interino de Inteligencia Nacional, y Erik Prince, fundador de Blackwater, mantuvieron reuniones con altos cargos del régimen venezolano, entre ellos Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Aunque las conversaciones buscaron establecer vías de diálogo, no lograron resultados concretos. Uno de los principales objetivos de los Rodríguez era la liberación de Alex Saab, considerado testaferro de Maduro, detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos.
A pesar de los esfuerzos del régimen, Saab continúa siendo una figura controvertida. Aunque recibió un indulto por parte de Biden, actualmente ocupa el cargo de ministro de Industria en Venezuela, consolidando su influencia dentro del círculo de poder chavista.
Divisiones en el frente republicano
Mientras Maduro intenta suavizar tensiones, el equipo de Trump mantiene una postura dividida. Algunos asesores abogan por retomar la política de máxima presión contra el régimen, con el senador Marco Rubio, posible jefe diplomático, como uno de los defensores más firmes de esta estrategia. Rubio cuenta con el respaldo de republicanos y demócratas en el Senado, lo que refuerza su influencia en el diseño de políticas hacia Venezuela.
Otros, como el embajador Elliott Abrams, que lideró la estrategia contra Maduro en la Administración Trump, han señalado las presiones ejercidas por petroleras para reducir sanciones. Abrams sostiene que estas medidas han facilitado la entrada de dinero líquido al régimen, beneficiando a Maduro y sus allegados.
Licencias petroleras en el centro de la polémica
A pesar de las sanciones aplicadas esta semana a 21 altos funcionarios chavistas, Biden ha mantenido las licencias otorgadas a petroleras como Chevron, Repsol y Eni para operar en Venezuela. Estas concesiones se hicieron bajo el pretexto de un compromiso del régimen de celebrar elecciones libres en 2024, un acuerdo que fue desestimado tras la inhabilitación de la opositora María Corina Machado.
Desde el Congreso, la diputada republicana María Elvira Salazar ha exigido la revocación inmediata de estas licencias. Salazar sostiene que permitir la operación de estas empresas solo beneficia a Maduro, fortaleciendo su régimen y enviando un mensaje de debilidad al resto del mundo.
