Once dirigentes socialistas han sido condenados por tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la administración en el marco del caso Multimedia. La condena dictaminada por el juez es devolver 260.000 de los 517.000 euros que sustrajeron indebidamente.
El fiscal encargado del caso solicitaba al juez que los dirigentes socialistas restituyesen 407.194 euros y la Abogacía de la comunidad autónoma de las Islas Baleares un total de 110.224 euros.
El caso Multimedia se cerró con penas mínimas para los excargos socialistas. Este es el primer caso de corrupción que ha afectado a una administración pública dirigida por el PSOE balear.
El abogado encargado de defender a los dirigentes socialistas ha sido Antonio Camacho, el mismo que tramita la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Camacho forzó al fiscal Juan Carrau para que diese carpetazo al asunto, una vez los exdirigentes admitieron haber delinquido con dinero público para evitar el ingreso en prisión.
Los excargos del PSOE han confirmado que delinquir con dinero público es un delito barato de pagar. Los once socialistas reconocieron en el juicio del caso Multimedia que habían delinquido con el dinero de todos los contribuyentes; deberán devolver sólo la mitad del dinero del que se adueñaron.
La condena se ha pactado después de que los socialistas baleares llegaron tras la llamada que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, realizó al fiscal Juan Carrau con el objetivo de cerrar el caso cuanto antes y evitar así más desgaste público para el PSOE en las Islas Baleares.
El caso Multimedia es el primera caso de corrupción socialista en Baleares
A pesar de que ninguno de los implicados en el caso de corrupción ingresará en la cárcel, el fiscal llegó a pedir 150 años de prisión para los once socialistas. Finalmente se acordó una indemnización de 260.000 euros y tienen hasta el 1 de noviembre de 2025 para abonar la totalidad de la cantidad pactada.
Los hechos juzgados tuvieron lugar entre los años 2007 y 2010, durante el segundo Govern del Pacte, con Francesc Antich como presidente autonómico.
Entre los condenados se encuentran el exsenador socialista Antoni Manchado, quien durante esa época era consejero delegado de la Sociedad Multimedia, así como el concejal socialista de Calvià Francisco Cano, padre de la exdiputada de la misma formación Silvia Cano, o el que fuera propietario de la productora audiovisual, Miquel Oliver.
La trama consistía en obtener el dinero de la Administración adjudicado para recursos materiales. Los once dirigentes socialistas que conformaban el caso Multimedia presentaban facturas con datos falsos que después eran certificados por los funcionarios correspondientes de forma deliberada.
