El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un plan, uno más, con el fin de solventar el acuciante problema de la vivienda que sufre España, pero, por desgracia, no servirá de nada. El único plan real que ha demostrado poner en marcha el socialismo patrio consiste en encarecer el precio de los inmuebles, tanto la compra como el alquiler, y, por mucha fanfarria y altavoces que emplee para afirmar lo contrario, lo cierto es que ninguna de las doce medidas anunciadas esta semana funcionará.
El Estado transferirá más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda para construir pisos protegidos destinados a “alquiler asequible”. Además, empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene la Sareb, 13.000 de ellas de forma inmediata. Sin embargo, la inmensa mayoría de esos pisos y solares no se ubica en zonas altamente demandadas, como capitales de provincia, de modo que ese supuesto incremento de vivienda pública apenas tendrá efecto alguno a la hora de minorar precios.
Asimismo, la citada Empresa Pública de Vivienda tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, y se garantizará que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública. El derecho de tanteo ya existe en algunas regiones y su impacto ha sido nulo, ya que rara vez se emplea y, en todo caso, sería algo marginal por la complejidad del proceso y las lógicas limitaciones presupuestarias. Como resultado, tan sólo supondrá una carga adicional a nivel burocrático. Por otro lado, que la VPO no se pueda vender tampoco elevará la oferta inmobiliaria, con lo que es otro canto al sol de nula utilidad.
El Gobierno lanzará un Proyecto Estratégico del Plan de Recuperación, el PERTE de Viviendas, para impulsar la modernización del sector, pero basta observar el desastre que está suponiendo la gestión de los fondos europeos para avanzar que, en la práctica, dicho proyecto será un nuevo fiasco.
Se creará un sistema de garantías públicas para proteger tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en “alquiler asequible”. Tampoco ataca la raíz del problema, que no es otro que la falta de obra nueva y la inseguridad jurídica, y, por si fuera poco, se limita única y exclusivamente a rentas bajas y alquileres tasados, cuyo número es reducido. Por otro lado, se anuncia un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al “alquiler a precio asequible”. El problema es que, por mucho que subvencionen la reforma, las viviendas vacías con demanda real de mercado son escasas y también son pocos, con razón, los propietarios que están dispuestos a ceder sus inmuebles a la Administración para ese tipo de alquiler tasado.
La única medida mínimamente positiva es que el Gobierno propondrá una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Pero se queda corta, ya que ni se extiende a todos los propietarios ni a todas las viviendas. Su impacto de nuevo será limitado para aumentar la oferta, ya que el precio de referencia que fija la Administración es muy inferior al de mercado y a muchos propietarios no les compensará alquilar ni siquiera con la citada rebaja fiscal.
Además, mientras el Gobierno promete reducir el IRPF a unos pocos propietarios, amenaza con subírselos a otros muchos, aplicando el IVA a los pisos de alquiler turístico, a imagen y semejanza de los hoteles. Su efecto, una vez más, será nulo sobre la oferta de inmuebles. Y el coste, finalmente, lo pagarán los turistas.
Sánchez también amenaza con incrementar la fiscalidad de las Socimis, fondos especializados en la construcción y gestión de inmuebles para alquilar. Esto sí afectará a la oferta, pero de forma muy negativa, ya que reducirá la inversión destinada al sector inmobiliario. Se construirán y rehabilitarán menos casas para alquilar. Y, a menor oferta, mayor precio. Difícilmente se puede hacer peor.
Lo mismo sucede a la hora limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. El problema de la vivienda en España es de escasez de oferta, no de exceso de demanda. Nuevamente, no servirá de nada. Por último, el Gobierno amenaza con endurecer la persecución del fraude en los alquileres de temporada y mantener e incluso incrementar las ayudas existentes en el nuevo Plan Estatal de Vivienda para 2026. Nada nuevo bajo el sol.
Sánchez fracasará de nuevo. La única forma de que caigan los precios es aumentando la oferta de forma muy sustancial. Y para eso se necesita construir vivienda nueva, facilitar la rehabilitación de la usada, incentivar la inversión y blindar la propiedad privada. Es decir, liberalización de suelo y contratos totalmente libres y voluntarios entre caseros e inquilinos, sin condiciones ni cortapisas de ningún tipo por parte de los políticos. Y, dado que nada de esto sucederá, el drama de la vivienda continuará.
