El mandato de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado ha sido uno de los más controvertidos en la historia reciente de España. A lo largo de su gestión, la falta de independencia, las acusaciones de politización y las decisiones cuestionables han generado fuertes críticas desde distintos sectores judiciales y políticos. Estas tensiones alcanzaron su punto álgido tras el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que calificó a García Ortiz como «no idóneo» para el cargo, marcando un hito sin precedentes en democracia.
El reciente anuncio de la imputación de García Ortiz por el Tribunal Supremo ha intensificado las demandas de dimisión. El Fiscal General está siendo investigado por presunta revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por supuestos delitos fiscales. Asociaciones judiciales, como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han pedido su renuncia para salvaguardar la imparcialidad de la Fiscalía.
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha defendido a García Ortiz, argumentando que la imputación busca «criminalizar» el trabajo cotidiano de los fiscales. Sin embargo, este apoyo no ha logrado acallar las críticas internas ni externas.
Informe del CGPJ: un rechazo histórico
Si tiramos de hemeroteca, podremos recordar que el mismísimo CGPJ, por primera vez en democracia, rechazó apoyar a un candidato propuesto por el Gobierno para el puesto de Fiscal General del Estado. Con una votación ajustada de ocho votos contra siete y una abstención, el órgano de los jueces cuestionó la idoneidad de García Ortiz, señalando que su trayectoria estaba marcada por decisiones que comprometían la independencia de la Fiscalía.
Entre las críticas destaca el reciente fallo del Tribunal Supremo que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala de lo Militar, calificándolo como un caso de «desviación de poder». Delgado, exministra de Justicia y estrecha colaboradora de García Ortiz, había sido promovida bajo circunstancias que el Supremo consideró irregulares, lo que sembró dudas sobre las prioridades y objetivos del Fiscal General.
Polémicas decisiones en su mandato
Varios episodios han acentuado la percepción de una Fiscalía politizada bajo la dirección de García Ortiz. Entre ellos, su gestión en torno a la Ley de Amnistía promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a los partidos independentistas catalanes. García Ortiz bloqueó informes internos que cuestionaban la legalidad de esta medida y respaldó públicamente posturas afines al Ejecutivo. Estas actuaciones desataron críticas desde la oposición y dentro de la propia Fiscalía, que acusó al Fiscal General de priorizar intereses políticos sobre la independencia judicial.
La implementación de la controvertida Ley del ‘Solo sí es sí’ también dejó a García Ortiz en una posición delicada. La normativa provocó rebajas de penas para agresores sexuales, y aunque el Fiscal General insistió en que la Fiscalía actuó conforme a la ley, el Tribunal Supremo corrigió su interpretación, dejando a las víctimas desprotegidas y señalando la falta de previsión de su gestión.
A pesar del respaldo del Gobierno, la figura de García Ortiz se encuentra cada vez más debilitada. La falta de apoyo del CGPJ, las controversias en su gestión y su imputación en el Supremo han deteriorado la confianza en su capacidad para liderar el Ministerio Público. Para muchos, su continuidad en el cargo compromete la independencia y la credibilidad de la Fiscalía, agravando aún más la percepción de que actúa como un instrumento político del Ejecutivo en lugar de garantizar la justicia de manera imparcial.
