Imagen: el presidente Donald Trump I CNN
El Gobierno de Donald Trump autorizó este martes a las autoridades migratorias a realizar redadas en sitios como escuelas, iglesias y hospitales. La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), elimina una directriz de la administración de Joe Biden que prohibía estos operativos en espacios sensibles sin aprobación previa de un superior.
Un portavoz del DHS defendió la decisión, afirmando que permitirá a los agentes «seguir las leyes» y capturar a lo que calificaron como «criminales extranjeros». En el comunicado, el Gobierno alegó, sin aportar pruebas, que algunos de estos «criminales» se esconden en escuelas y templos religiosos para evitar su arresto. La decisión llega un día después de que Trump asumiera su segundo mandato, cumpliendo con su promesa de endurecer las políticas migratorias, incluido el anuncio de una campaña masiva de deportaciones.
Revocación de políticas migratorias de Biden
El mandato, emitido en 2021 por el Gobierno de Biden, tenía como objetivo evitar que los migrantes temieran acudir a lugares donde se ofrecen servicios esenciales. Entre los espacios protegidos estaban centros educativos, de salud, lugares de culto, refugios para víctimas de violencia doméstica, y puntos de asistencia tras desastres naturales. Según el memorando de Biden, estas restricciones buscaban garantizar que los migrantes pudieran acceder a alimentos, vivienda y servicios básicos sin miedo a represalias migratorias.
Trump también reinstauró la «expulsión inmediata», una política que permite la deportación rápida de migrantes indocumentados sin audiencia previa. Esta medida, aplicada originalmente en 1996 y expandida durante el primer mandato de Trump, se ejecutará a nivel nacional para quienes hayan estado en el país por menos de dos años de manera irregular.
Más medidas antimigratorias en camino
El endurecimiento de las políticas migratorias incluye la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han denunciado que estas medidas podrían aumentar el temor y la vulnerabilidad en comunidades migrantes, además de limitar su acceso a servicios básicos y legales.
La administración republicana asegura que estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad nacional, pero los críticos advierten que podrían generar tensiones sociales y aumentar las dificultades para millones de personas en situación migratoria irregular en Estados Unidos.
