El Gobierno de Pedro Sánchez afronta este miércoles una votación clave en el Congreso con los controvertidos ‘decretos ómnibus’. Esta herramienta legislativa permite convalidar, de forma conjunta y sin debate detallado, medidas heterogéneas en un único voto, obligando a votar el paquete completo e impidiendo rechazar medidas individuales. Respaldada en 2014 por el Tribunal Constitucional, esta práctica ha dado lugar a situaciones llamativas, como reformar la comisión que supervisa el CNI mientras se discutían políticas económicas vinculadas al confinamiento.
2022: obligatoriedad de las mascarillas junto al aumento de las pensiones
Durante la pandemia, la necesidad de decisiones rápidas derivó en el uso frecuente de estos «megadecretos», donde asuntos de naturaleza dispar se votaban al mismo tiempo. En febrero de 2022, el Gobierno español logró que el Congreso aprobara la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores mediante un controvertido recurso legal. La medida se incluyó dentro de un Real Decreto Ley que agrupaba disposiciones como la actualización de pensiones según el IPC y la habilitación de sanitarios jubilados para apoyar durante la pandemia.
En marzo del mismo año, otro megadecreto incluyó hasta 39 normativas. Estas abarcaban desde medidas para frenar la inflación causada por la guerra en Ucrania y la regulación del precio del gas hasta modificaciones en la Ley de Asilo. Incluso, exenciones fiscales para eventos como el South Summit fueron incluidas, vinculando beneficios fiscales con el bienestar de las familias, en un enfoque difícil de justificar por su falta de cohesión temática.
2023: Ucrania como excusa para más de 10 medidas
El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que prorrogaba varias medidas para enfrentar la crisis de precios derivada de la invasión rusa de Ucrania. Entre las extensiones destacaban la rebaja del IVA en alimentos básicos, bonificaciones al transporte público y el descuento en gasóleo para transporte profesional. Además, se planteaban ayudas a Ucrania por 70 millones de euros.
Sin embargo, sumado a estas medidas, el decreto incluía una larga lista de reformas, que poco tenían que ver con Rusia o Ucrania. El decreto ómnibus presentaba una normativa para taxis y VTC, el reconocimiento del «derecho al olvido oncológico», cambios en la Ley General de Subvenciones, tres nuevos permisos laborales, la equiparación de los derechos de las parejas de hecho con los matrimonios en permisos por registro, deducciones del 15% en el IRPF para la compra de coches eléctricos, avales ICO para la compra de viviendas por jóvenes y familias, prolongación de beneficios para industrias, regulación de la extensión de proyectos renovables, reforma de la Ley de Defensa de la Competencia y el PERTE Chip.
2024: Macrodecreto a cambio de los fondos Next Generation
En el decreto ómnibus del Gobierno de Pedro Sánchez aprobado en enero de 2024 se incluía un conjunto de reformas en diversas áreas: justicia, función pública, régimen local, mecenazgo y cultura. Estas medidas tenían como finalidad cumplir los compromisos con la Comisión Europea para obtener el cuarto desembolso de los fondos europeos Next Generation, valorado en 10.000 millones de euros.
En el ámbito de la justicia, el decreto impulsaba la digitalización para mejorar la eficiencia procesal, con medidas como la creación de un Expediente Judicial Electrónico y el intercambio de información entre órganos judiciales. Respecto a la función pública, se pretendía garantizar procesos de selección más equitativos y basados en competencias; así como la evaluación del desempeño y la creación de convocatorias permanentes de concursos.
En el ámbito cultural, se reactivaba el Estatuto del Artista, con incentivos fiscales para fomentar el mecenazgo. Además, se propusieron el aumento de deducciones generales para personas físicas hasta un 40%, el límite para micromecenazgos pasó de 150€ a 250€ y se actualizó la lista de actividades exentas del Impuesto de Sociedades.
Finalmente, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se establecía que los procesos judiciales quedarán suspendidos cuando se planteasen cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, esta medida acabó retirándose del texto final a cambio del voto de Junts.
2025: pensiones y transporte para colar una subida de gravámenes a los jóvenes y un palacete al PNV
Finalmente, el decreto ómnibus del Gobierno más reciente se ha propuesto en enero de 2025, aunque de momento no se ha aprobado por el voto en contra en el Congreso por PP, Junts y Vox. Entre las propuestas destacaba la revalorización de las pensiones un 2,8% conforme al IPC. También se incluía la actualización de las bases mínimas y máximas de cotización, lo que habría incrementado los ingresos por cotizaciones un 6,5%, alcanzando los 177.314 millones de euros. Además, se preveía aumentar el mecanismo de equidad intergeneracional del 0,7% al 0,8% y aplicar una cotización adicional de solidaridad, generando 200 millones de euros extra.
En transporte público, el decreto buscaba prorrogar ayudas clave, como la gratuidad de los abonos de Media Distancia, Cercanías y Rodalies, junto con descuentos para transporte urbano y metropolitano. También introducía un billete único de Cercanías a 20 euros para toda España, gratuito para menores de 15 años y con descuentos para jóvenes. Sin embargo, con el rechazo, los precios volverán a los niveles previos a 2019. Otras medidas abarcaban bonificaciones tributarias, regulaciones sobre la CNMC, gravámenes energéticos y una prórroga de un año en la suspensión de desahucios para hogares vulnerables.
No obstante, la medida que ha provocado la polémica y el rechazo de la oposición ha sido la cesión al PNV de un palacete en París por parte del Gobierno. Los nacionalistas vascos argumentan que se trata de «un edificio que fue robado por la Gestapo y entregado a Franco cuando fue adquirido con fondos del PNV». Los populares calificaron la ley de «chantaje» y Vox acusó al Gobierno de mezclar en el decreto ómnibus «algo tan importante como son las pensiones con algo tan deleznable como regalar parte del patrimonio del Estado a un partido separatista o regar dinero público a la inmigración ilegal en Ceuta«.
