El anunciado incremento de las pensiones para 2025, planteado como una medida para proteger el poder adquisitivo de los jubilados, plantea serias interrogantes sobre su viabilidad económica y su impacto real. Aunque el Gobierno defiende la medida como un avance en términos de justicia social, los datos muestran un panorama preocupante que amenaza con desestabilizar las finanzas públicas y agravar las tensiones en la economía.
Un agujero difícil de llenar
El déficit de la Seguridad Social alcanzará los 50.000 millones de euros en 2025, según las estimaciones más recientes. Este desfase se debe en gran medida a la actualización automática de las pensiones conforme a la inflación, estipulada por la Ley 20/2021. Este mecanismo, aunque necesario para garantizar el poder adquisitivo, ha incrementado significativamente el gasto. Solo en 2025, la nómina de las pensiones contributivas aumentará en 4.700 millones de euros, alcanzando un gasto total de más de 200.000 millones de euros al cierre de 2024.
El problema radica en que los ingresos por cotizaciones sociales no son suficientes para cubrir este gasto. A pesar de la introducción de medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y las transferencias corrientes del Estado, el sistema se mantiene dependiente de préstamos estatales. En 2024, estos préstamos ascendieron a 10.000 millones de euros, cifra que probablemente se repetirá en 2025.
Aunque la subida del 2,8 % en las pensiones contributivas parece beneficiosa en papel, las retenciones fiscales aplicadas por el IRPF reducen drásticamente el impacto real. Por ejemplo, un jubilado con una pensión anual de 16.320 euros verá cómo de los 444 euros adicionales prometidos, solo recibirá 253 euros netos tras las retenciones. Este fenómeno se agrava en las pensiones más bajas, que deberían ser las más protegidas, pero que en realidad experimentan un mayor impacto proporcional.
Para paliar el déficit creciente, el MEI incrementará las cotizaciones sociales en 2025: un 0,80 % en total, de los cuales los trabajadores asumirán un 0,13 % y las empresas un 0,67 %. Este aumento genera tensiones en la población activa, especialmente en un contexto de incertidumbre económica. Además, los autónomos, con la implementación de un sistema de cotización basado en ingresos reales, enfrentarán cargas adicionales.
El desafío del baby boom
Otro factor que contribuye al aumento del gasto es el envejecimiento de la población. La jubilación masiva de los nacidos durante el baby boom ha disparado el número de pensiones, especialmente las de jubilación, que crecieron un 1,9 % en 2024, alcanzando los 6,54 millones. Este incremento se suma a los cambios estadísticos en las pensiones de incapacidad permanente, que también han elevado las cifras.
El panorama actual refleja un dilema evidente: cómo mantener un sistema de pensiones sostenible, justo y equitativo. Mientras los jubilados reciben menos de lo prometido debido a las retenciones fiscales, los trabajadores y empresas soportan una carga creciente para financiar un sistema deficitario.
