Un juez federal en Seattle, John Coughenour, suspendió este jueves de manera temporal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringía el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La decisión surge tras una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, en oposición a una medida que consideraron inconstitucional.
Una medida controvertida
La orden ejecutiva firmada por Trump pretendía modificar el sistema migratorio estadounidense y limitar el derecho de suelo reconocido en la Constitución. Si se hubiera implementado, esta medida habría impedido la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento y otros documentos oficiales a los niños nacidos en el país de madres en situación migratoria ilegal o temporal, y cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses.
La iniciativa desató una ola de críticas y llevó a que 22 estados de tendencia demócrata presentaran demandas para bloquearla. Además, una coalición de activistas pro derechos de inmigrantes interpuso una tercera querella en otro estado, subrayando la naturaleza discriminatoria de la medida.
El pronunciamiento del juez
Durante la audiencia, el juez Coughenour, con más de cuatro décadas de experiencia, expresó su sorpresa por la falta de argumentos constitucionales sólidos en la defensa de la orden ejecutiva. «Esta es una orden flagrantemente inconstitucional», declaró, según el Seattle Times. Al dirigirse al abogado de la administración Trump, añadió: «Me cuesta entender cómo se puede afirmar inequívocamente que esta orden es constitucional. Me deja perplejo».
El fallo de Coughenour es el primero en abordar formalmente la legalidad de la orden y representa un duro revés para la administración Trump en su intento de remodelar las políticas migratorias del país.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento
El derecho de suelo está protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada tras la Guerra Civil para garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus descendientes. La enmienda establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen». Este principio ha sido pilar fundamental del sistema legal estadounidense.
El presidente reconoció en declaraciones previas que su orden ejecutiva enfrentaría desafíos legales. «Ya veremos (…). Creo que tenemos muy buenos fundamentos», comentó al ser cuestionado por periodistas. Sin embargo, su afirmación de que Estados Unidos es el único país que reconoce el derecho de suelo resultó incorrecta, ya que numerosos países, incluidos Canadá y México, también otorgan ciudadanía automática a los nacidos en su territorio.
