La derogación del decreto ómnibus ha desatado una tormenta política, con los partidos culpándose mutuamente de que no se hayan subido las pensiones. El debate se ha centrado en el espectáculo, en la eterna competición por exhibir quién es el más generoso con el dinero público. Pero ¿ha habido alguien que se atreva a decir lo que nadie parece dispuesto a admitir? ¿Es lógico, es responsable, es siquiera justo subir las pensiones indiscriminadamente, sin importar las consecuencias para el futuro del sistema o la economía del país?
No hay coraje político. Ningún representante, ni de la derecha ni de la izquierda, se ha plantado para decir lo evidente: no podemos seguir aumentando las pensiones como si el dinero creciera en los árboles. Nadie cuestiona si es sensato subirle la pensión máxima a alguien que ya cobra una cantidad considerable. Nadie se plantea si es sostenible o si es justo cargar a las generaciones futuras con una factura imposible de pagar. En lugar de eso, todos han corrido a pelearse por la medalla del populismo, por demostrar que ellos son los que «más cuidan» de los pensionistas.
El problema es doble. Por un lado, tenemos un sistema de pensiones insostenible que funciona como una bomba de relojería. Por otro lado, está el tabú político. En España, hablar de reformar las pensiones es poco menos que un suicidio electoral. Cuestionar las subidas automáticas es considerado herético, aunque todos sepamos que la realidad económica no soporta el modelo actual.
Hablemos claro: aumentar las pensiones no siempre es un acto de justicia social. ¿Es equitativo subir la pensión máxima en las mismas proporciones que las mínimas? ¿Es razonable beneficiar a quienes ya cuentan con ingresos cómodos mientras el resto del país sigue ahogándose en impuestos y deuda? Este tipo de medidas no sólo son regresivas, sino que ignoran por completo el concepto de esfuerzo contributivo y la necesidad de priorizar a los más vulnerables.
El otro gran problema es el coste. El gasto en pensiones ya representa más del 12% del PIB español, y las previsiones indican que esta cifra seguirá aumentando en los próximos años. En 2024, el sistema público de pensiones cerró con un déficit de miles de millones de euros, y la situación no parece mejorar. Subir las pensiones de forma generalizada no hace más que agravar esta crisis. No es que el sistema vaya a colapsar, es que ya ha colapsado.
Los partidos políticos lo saben. Saben que las matemáticas no cuadran, que la caja de la Seguridad Social no da para tanto. Pero prefieren mirar hacia otro lado. Es mucho más rentable prometer subidas que explicarle a la gente que, si seguimos así, en unas décadas no habrá dinero para pagar ni las pensiones más bajas.
Lo más preocupante es que este problema no es nuevo. Algunos llevamos avisando desde hace años, y las soluciones están sobre la mesa: retrasar la edad de jubilación, congelar de inmediato ciertas pensiones, rebajar otras, fomentar los planes de pensiones privados, ajustar las prestaciones a la esperanza de vida y empezar a implantar un sistema de capitalización. Pero ninguna de estas propuestas tiene cabida en el discurso político.
El debate se reduce, una vez más, al cortoplacismo. Los partidos no piensan en el futuro del país, sino en las próximas elecciones. Algunos aplauden las subidas sin pensar en las consecuencias para nuestros hijos y nietos. Porque, al final, el precio de esta irresponsabilidad no lo pagará la generación actual, sino las futuras. La solución no pasa por seguir inflando el globo hasta que explote. Pasa por abrir un debate honesto, valiente, sobre cómo queremos que sea el sistema de pensiones del mañana. Pasa por asumir que los recursos son limitados y que no todo es financiable. Pasa por dejar de tratar a los ciudadanos como niños a los que hay que contentar con caramelos y empezar a hablarles como adultos, explicándoles que algunas cosas, por difíciles que sean, simplemente no se pueden mantener.
Hace falta un cambio de narrativa. No se trata de demonizar a los pensionistas ni de negarles sus derechos, sino de ser realistas. No es una cuestión de generosidad, sino de sostenibilidad. Si seguimos gastando más de lo que tenemos, terminaremos rompiendo el sistema. Es hora de que alguien diga la verdad. Las pensiones no se pueden seguir subiendo sin más. Es injusto, es irresponsable y, lo que es peor, es insostenible. Hace falta coraje político para romper con el discurso dominante, para mirar a los ciudadanos a los ojos y decirles lo que no quieren oír. Porque, a veces, la verdadera responsabilidad no está en dar lo que se pide, sino en explicar por qué no se puede dar. Esa es la batalla que nadie quiere librar, pero que alguien, tarde o temprano, tendrá que afrontar.
