El Gobierno va a crear una ‘comisión de la verdad’ que establecerá un relato único sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, el franquismo y la transición democrática. Este órgano se encargará, además, de recomendar medidas para la reparación de las víctimas. La creación de esta comisión fue una condición impuesta por Bildu a Pedro Sánchez para apoyar la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.
El partido de Arnaldo Otegi logró que el PSOE ampliara el alcance temporal de la norma hasta el 31 de diciembre de 1983, argumentando que las torturas no finalizaron con la muerte de Francisco Franco, sino que continuaron bajo la democracia.
Un organismo con carga política
Según el Ejecutivo, la finalidad de esta comisión es “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos” durante la Guerra Civil y la dictadura, con el objetivo de “favorecer la convivencia democrática”. Sin embargo, al abarcar hasta 1983, también evaluará la etapa de la transición y los primeros años del felipismo.
El organismo estará compuesto por 10 miembros, seleccionados por su “independencia y prestigio” en los ámbitos académico, profesional y de derechos humanos. Dispondrán de 18 meses para elaborar un informe con conclusiones y recomendaciones para la reparación de víctimas y la prevención de futuros abusos.
No obstante, la carga política e ideológica de esta comisión es evidente, dado que responde a un acuerdo entre el PSOE y EH Bildu. El Gobierno busca dotarla de una apariencia técnica, pero su origen y finalidad generan polémica.
Consejo de Memoria Democrática
La comisión se enmarca dentro de un real decreto del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que será aprobado próximamente en el Consejo de Ministros. Este decreto también contempla la creación del Consejo de la Memoria Democrática, un órgano que coordinará las políticas públicas de memoria.
El Consejo estará presidido por el ministro Ángel Víctor Torres y compuesto por representantes de nueve ministerios, 10 miembros de entidades memorialísticas, dos expertos en recuperación de memoria, un vocal de UGT, otro de CCOO y dos representantes de la patronal. Aunque no percibirán salario, recibirán dietas por asistencia a las reuniones.
Este organismo será el encargado de elegir, por mayoría de tres quintos, a los miembros de la ‘comisión de la verdad’.
El decreto también prevé la creación del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, que permitirá centralizar la información sobre organizaciones dedicadas a la memoria histórica. Figurar en este registro será un requisito obligatorio para acceder a subvenciones gubernamentales, asegurando así que solo entidades reconocidas puedan recibir financiación estatal.
Una decisión polémica
La creación de esta ‘comisión de la verdad’ ha suscitado críticas por su marcado sesgo político. Desde la oposición, se denuncia que este órgano servirá para imponer un relato oficial, con la influencia de EH Bildu y sin un verdadero carácter imparcial.
Además, se señala que el informe final buscará revisar y reinterpretar la historia reciente de España, incluyendo hechos de la transición y del Gobierno de Felipe González. Otegi ya dejó clara su posición cuando ironizó en redes sobre la oposición de González a la Ley de Memoria Democrática, publicando en X: “A Felipe González no le suena bien la Ley de Memoria Democrática por X razones”.
