El mercado de trabajo en España tiene tres grandes problemas, a cada cual peor. En primer lugar, el paro más alto de Europa y del mundo rico, con una tasa próxima al 12%; en segundo término, un nivel salarial reducido, hasta el punto de que los trabajadores han perdido poder adquisitivo en los últimos año debido a la inflación; y, por si fuera poco, cada vez son más los sectores que se quejan de la escasez de mano de obra.
Rígida legislación, elevados costes de contratación y modelo empresarial obsoleto
El origen de esta problemática responde a diferentes factores, desde la intensa rigidez de la normativa laboral, donde sindicatos y patronal determinan las condiciones de millones de empleados al margen de las condiciones específicas de cada empresa, hasta el elevado coste de la contratación y el despido o el reducido tamaño de las empresas españolas y su escasa productividad.
Todos estos defectos son bien conocidos y, de hecho, son habituales las críticas al respecto solicitando su reforma para tratar de mejorar mínimamente la empleabilidad y remuneración de los trabajadores. Sin embargo, son muy pocos los que denuncian la aparente contradicción que existe entre sufrir una tasa de paro de dos dígitos y la dificultad que manifiestan muchas empresas para cubrir determinados puestos.
El problema de las paguitas y la perpetuación del paro
¿Cómo es posible que contabilizando casi 2,7 millones de parados, según las estadísticas oficiales, haya escasez de personal? El gran elefante en la habitación, que todo el mundo ve, pero nadie denuncia, son las paguitas. Es decir, el aumento y ampliación en el cobro de todo tipo de prestaciones y subsidios públicos para personas que, pudiendo trabajar, no trabajan porque reciben dinero del Estado por no hacer nada.
España premia la vagancia, la inactividad y el mercado negro desde hace muchos años, ya que aplica uno de los sistemas de protección de paro más despilfarradores e ineficientes de los países ricos, pero es evidente que este modelo, lejos de corregirse, ha empeorado de forma sustancial bajo el Gobierno de PSOE y Sumar.
Trabajo hay, pero mucha gente decide no trabajar porque prefiere cobrar una prestación que más o menos cubre sus necesidades mínimas sin necesidad de tener que ganarse el pan por sí misma, contribuyendo así positivamente al conjunto de la sociedad. Trabajo hay, sin duda, lo que no hay son los incentivos necesarios para trabajar. Y la culpa de semejante abuso y despropósito en ningún caso es de los parados, ojo, sino del Gobierno.
Casi todo en la vida es cuestión de incentivos. Si robar, violar o asesinar salen gratis, entonces la criminalidad tenderá a aumentar; si el Estado defiende a los okupas en lugar de a los propietarios, tal y como sucede en la actualidad, lo que era un delito marginal se termina convirtiendo en plaga… Y así con todo, también a nivel laboral.
Si un parado tiene garantizados dos años de prestación con una cuantía media de 1.200 euros y, debido a su baja cualificación, tan sólo puede optar a empleos de 1.500 al mes o menos, no le saldrá a cuenta trabajar. Y algo similar sucede con los subsidios que se pueden percibir durante 30 meses adicionales tras agotar la citada prestación. Cuanto más alto sea su importe y más larga su duración, menos razones tendrá el beneficiario para renunciar a dicha paga, puesto que, al fin y al cabo, cobrará dinero, aunque no sea mucho, por no hacer absolutamente nada.
La promoción y fomento de la cultura del no trabajar
Esto y no otra cosa es lo que explica la sinrazón de liderar el paro de Occidente y, pese a ello, no encontrar personal disponible para trabajar en hostelería, construcción, industria, agricultura y tantas otras actividades. Cuantas más paguitas, más paro y menos gente dispuesta a trabajar. La función de los Servicios Públicos de Empleo no es recolocar parados, sino gestionar prestaciones y subsidios, que es muy diferente. Por eso los parados casi nunca reciben una llamada de dicho servicio para ofrecerles un puesto, pero es que, incluso en ese caso, el parado tampoco tiene ninguna obligación de aceptarlo.
Rechazar un empleo estando en paro no tiene penalización alguna en la práctica, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países, de modo que muchos optan por seguir viviendo del Estado (con el dinero de los demás) hasta agotar la prestación o el subsidio correspondiente. Este sistema no es nuevo, es el que instauró el peronismo en Argentina o el socialismo en Andalucía y Extremadura, solo que ahora se extiende a toda España.
La nueva subida de los subsidios ahonda el problema
El último ejemplo de semejante desatino es la nueva reforma que acaba de plantear el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, consistente en elevar el subsidio de desempleo a 570 euros al mes, 90 euros más que el vigente, al tiempo que se reducen las condiciones para poder cobrarlo, de modo que más gente podrá optar a esta paguita. En concreto, según las propias estimaciones de Trabajo, el número de perceptores aumentará un 50%, unos 400.000 más, hasta un total de 1,1 millones, en caso de que se apruebe.
Parados, subsidiados, empleados públicos y pensionistas crecen sin parar mientras que el sector productivo, del cual depende su mantenimiento, no deja de ser exprimido a base de todo tipo de impuestos, tasas, prohibiciones y multas. Bienvenidos a la España socialista. Y lo peor de todo es que, como nadie se atreve a denunciar este brutal atropello, aún menos se plantea eliminar todas esas prestaciones y subsidios. Pues no, ya está bien. Hay que acabar con la paguitas. El que pueda trabajar, que trabaje. Y el que, pudiendo, no quiera, fuera prestación. Lo demás es pura injusticia.
