Un reciente informe del Instituto de Diplomacia y Economía (InstituDE), con sede en Bruselas, señala que el desarrollo económico de Turquía y la modernización de su unión aduanera con la Unión Europea dependen en gran medida de su adhesión al Estado de derecho y los valores democráticos. Según el estudio, si no se corrigen las deficiencias en materia legal y de gobernanza, el país podría enfrentar obstáculos para alcanzar su máximo potencial económico y lograr una relación comercial más equitativa con la UE.
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Titulado “Modernización de la Unión Aduanera Turquía-UE: Problemas y Perspectivas”, el informe subraya que una actualización del acuerdo podría incrementar el PIB turco hasta en un 2,5 %. Sin embargo, advierte que los problemas institucionales, en particular la falta de independencia y transparencia del sistema judicial, representan un riesgo significativo. Aunque la alineación con las políticas comerciales de la UE ha generado beneficios económicos, persisten barreras estructurales que dificultan avances sostenidos.
El incumplimiento por parte de Turquía de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en casos emblemáticos como los del líder kurdo Selahattin Demirtaş, el empresario Osman Kavala y el profesor Yüksel Yalçınkaya, se ha convertido en un obstáculo serio para las relaciones económicas con la UE. El informe subraya que acatar estas decisiones es clave para restaurar la confianza de las instituciones y empresas europeas. A ello se suman las preocupaciones sobre violaciones de derechos de propiedad y la opacidad en la contratación pública, factores que refuerzan la percepción de inestabilidad regulatoria y desincentivan la inversión extranjera, complicando las negociaciones para la modernización de la unión aduanera.
Si se implementa una reforma integral, el acuerdo comercial entre Turquía y la UE podría mejorar notablemente la eficiencia y competitividad de la economía turca. El informe plantea diversos escenarios económicos según el grado de actualización del acuerdo. Sin cambios, el déficit comercial turco con la UE podría alcanzar los 20 000 millones de euros para 2025, impulsado por un aumento en las importaciones y la pérdida de confianza de los inversores. Una modernización parcial, que logre un 10 % de mejora en eficiencia, reduciría el déficit a 12 500 millones de euros, mientras que una reforma completa —con procedimientos aduaneros optimizados, mayor digitalización y armonización regulatoria— podría recortarlo hasta los 8 500 millones de euros.
Para la UE, la modernización del acuerdo traería un incremento comercial de entre 20 000 y 25 000 millones de euros hacia 2030. Sin embargo, el informe enfatiza que el crecimiento económico por sí solo no será suficiente para impulsar el proceso de reforma. Los legisladores europeos difícilmente aprobarán los cambios sin señales claras del compromiso de Turquía con los principios democráticos y el Estado de derecho.
Otro aspecto crítico señalado es el sistema de contratación pública turco, que requiere una reforma urgente. Las licitaciones son percibidas como opacas y tendenciosas, favoreciendo a determinados actores, lo que desalienta la inversión europea y genera ineficiencias comerciales. Aunque en un principio Turquía alineó su legislación con los estándares de la UE, posteriores enmiendas introdujeron múltiples exenciones que distorsionan la competencia. La Autoridad de Contratación Pública, encargada de supervisar el proceso, ha visto mermada su influencia, debilitando aún más la confianza en el marco regulador.
Una modernización de la unión aduanera permitiría a Turquía acceder con mayor facilidad a los mercados de servicios y licitaciones públicas de la UE, potenciando sus exportaciones y atrayendo nuevas inversiones. Sectores estratégicos como tecnología, finanzas y agricultura serían los más beneficiados. A su vez, la UE obtendría un acceso preferente al mercado turco, que con sus 86 millones de habitantes representa una fuente clave de diversificación y estabilidad para las cadenas de suministro. Sin embargo, la persistente incertidumbre política y jurídica continúa siendo un freno para materializar plenamente el potencial de esta relación económica.
Importancia de sectores estratégicos
El informe también destaca el creciente protagonismo de la industria automotriz en el comercio bilateral. En 2024, las exportaciones turcas de automóviles alcanzaron los 37.210 millones de dólares, registrando un crecimiento del 6,3 % respecto al año anterior. Turquía continúa consolidándose como un centro clave de manufactura para fabricantes europeos, pero las recientes tarifas impuestas por la UE a los vehículos eléctricos (VE) procedentes de China han abierto una nueva ventana de oportunidad para atraer mayor inversión extranjera hacia el sector.
Ante estos aranceles, varios fabricantes chinos están considerando establecer bases de producción en Turquía para eludir las restricciones comerciales y mantener su acceso al mercado europeo. Sin embargo, este posible aumento de inversiones en la industria automotriz turca no está exento de desafíos. Por un lado, fortalecería la capacidad industrial, generaría empleo y facilitaría la transferencia de tecnología. Por otro, podría provocar que la UE reevalúe el papel de Turquía como plataforma para la entrada de vehículos chinos, lo que podría derivar en ajustes regulatorios dentro del marco de la unión aduanera. Para maximizar esta ventaja estratégica sin tensiones con Bruselas, Turquía deberá diseñar una estrategia equilibrada y cautelosa.
Más allá del comercio y la inversión, el informe advierte sobre el deterioro de varios indicadores macroeconómicos turcos, como la distribución del ingreso, deuda pública, inflación y desempleo. Desde las elecciones presidenciales de 2023, el gobierno ha intentado estabilizar la economía mediante ajustes de políticas y medidas destinadas a recuperar la confianza de los inversores. Sin embargo, persisten dudas sobre la independencia de organismos clave como el banco central y las agencias de supervisión financiera. El estudio recalca que garantizar la autonomía de estas instituciones es crucial para atraer inversión extranjera sostenible y preservar la estabilidad macroeconómica.
Si Turquía logra demostrar a los mercados internacionales, especialmente a los inversores europeos, un compromiso firme con reformas estructurales, podría recuperar su atractivo como destino de capital extranjero. No obstante, la falta de garantías en materia de gobernanza y seguridad jurídica sigue siendo un obstáculo importante. El marco regulatorio actual, incluyendo entidades como el Tribunal de Cuentas, ha sido objeto de críticas por su limitada independencia y transparencia. Para mejorar el clima inversor, Turquía deberá avanzar hacia reformas respaldadas por procesos de decisión autónomos y un enfoque riguroso en la disciplina fiscal.
El sector agrícola también ocupa un lugar destacado en el informe, al señalarse como un área con potencial desaprovechado debido a su exclusión del actual acuerdo de unión aduanera. Aunque Turquía mantiene un superávit comercial agrícola con la UE —con exportaciones que alcanzaron los 8.100 millones de dólares en 2024—, persisten barreras estructurales, diferencias en sistemas de subsidios y obstáculos comerciales que limitan un crecimiento sostenido. La Política Agrícola Común (PAC) de la UE continúa representando uno de los principales retos para una mayor integración de Turquía en el mercado agrícola europeo.
