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La Policía Federal de Brasil presentó este jueves una acusación formal contra Jair Bolsonaro, expresidente de la derecha radical y militar retirado, por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado. Según el informe, se buscaba ocultar los resultados electorales de 2022 e impedir que Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, asumiera la presidencia.
La investigación señala también a otros 36 sospechosos, entre ellos dos generales retirados que ocuparon altos cargos durante el mandato del expresidente. La acusación ya fue remitida al Tribunal Supremo, que deberá decidir junto con la Fiscalía si formaliza la denuncia, solicita nuevas pruebas o archiva el caso.
Bolsonaro, quien enfrenta medidas cautelares como la prohibición de salir del país, reaccionó a través de la red social X, donde criticó el informe policial: “Tengo que ver qué hay en esa acusación (…) No puedo esperar nada de un equipo que usa creatividad para denunciarme”.
Pruebas y cargos contra el exmandatario y sus aliados
La Policía Federal basa su pliego en dos años de investigaciones que incluyen intervenciones telefónicas, registros bancarios, incautaciones y testimonios obtenidos a través de delaciones premiadas. Los cargos contra los acusados abarcan desde abolición violenta del Estado democrático de derecho hasta golpe de Estado y pertenencia a organización criminal.
Entre los acusados destacan figuras cercanas a Bolsonaro, como Walter Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente, y Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional. Ambos desempeñaron roles clave en su administración y, según la investigación, participaron en la planificación de la asonada.
Un plan fallido por falta de apoyo militar
Los investigadores concluyen que el golpe no se concretó debido a la negativa de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, Marco Antonio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista, quienes testificaron que Bolsonaro los convocó para mostrarles un borrador de decreto para declarar el estado de sitio. En contraste, el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier, se unió al plan, ofreciendo a sus tropas para respaldar el intento golpista.
El impacto político de la acusación
Bolsonaro ya había sido inhabilitado por abuso de poder, lo que le impide postularse a cargos públicos hasta 2030. Durante su mandato, el expresidente cuestionó repetidamente la seguridad del sistema electoral y coqueteó con discursos que sugerían una ruptura democrática. Tras su derrota electoral, decenas de miles de sus seguidores acamparon frente a cuarteles en todo el país, pidiendo una intervención militar.
El 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas protagonizaron un asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, una semana después de que Lula asumiera su tercer mandato. Hasta ahora, el Tribunal Supremo ha condenado a más de 200 personas involucradas en este ataque, aunque los responsables de instigar y financiar el intento de golpe aún no han sido juzgados.
