El agitador Alvise Pérez en el Congreso, donde acudió a acatar la Constitución. Eduardo Parra – Europa Press
Este martes, en la sesión constitutiva de la nueva legislatura del Parlamento Europeo, Alvise Pérez, líder de la formación Se Acabó la Fiesta (SAF), ha tomado posesión de su escaño, al igual que el resto de parlamentarios. Algunos de ellos han aprovechado este arranque de la legislatura para cumplir con una de sus obligaciones: presentar su declaración de intereses privados. Otros, como Alvise, no lo han hecho.
En concreto, según su declaración de intereses económicos y conflictos de intereses de los últimos tres años, Alvise no ha percibido ningún ingreso y la naturaleza de sus beneficios es “sin remuneraciones, solo donaciones”. Sin embargo, en el documento de cuatro páginas, tres de las cuales vacías, no especifica la cuantía de dichas donaciones. La única información que recoge el documento es la de su actividad profesional que, asegura, es “analista y consultor político, por cuenta propia”.
De todos modos, esas donaciones no dejan de ser una retribución y, por tanto, la normativa del Parlamento Europeo no le exime de rellenar la casilla de ingresos que él ha decidido dejar en blanco.
Los eurodiputados están obligados a presentar estas declaraciones, ya que así viene establecido en su código de conducta. Se realizan “por razones de transparencia y rendición de cuentas” y deben dirigirlas a la presidencia de la Eurocámara. El código es el que establece cómo deben rellenarlas y es claro sobre el dinero que reciben los parlamentarios por actividades profesionales: “Si generan ingresos, los diputados indicarán el importe respectivo de dichos ingresos y, en su caso, su periodicidad”.
Obligados a presentar estas declaraciones
Los diputados están obligados a presentar estas declaraciones. De hecho, si no lo hacen, no pueden ser escogidos para ejercer cargos en el Parlamento o en los órganos del mismo ni ser designados ponentes o miembros de delegaciones oficiales. El código de conducta también establece que el Parlamento Europeo debe hacer públicas estas declaraciones en su web para que los ciudadanos puedan consultarlas.
Lo que no está tan tasado es el mecanismo de revisión de las mismas. De hecho, los controles que recoge ahora mismo la normativa dependen únicamente de los propios parlamentarios. El código de conducta indica que si la persona que ostenta la presidencia del Parlamento —ahora mismo la popular Roberta Metsola, que ha sido reelegida este mismo martes— recibe información que “la declaración de un eurodiputado es sustancialmente incorrecta o anticuada, le solicitará una aclaración”.
De hecho, si esa aclaración no contenta al presidente o presidenta, este o esta pueden pedir una corrección de nuevo al eurodiputado, previo paso por el Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados —formado por ocho europarlamentarios designados por el propio presidente—. Además, si todo esto no soluciona la situación y Metsola considera que un diputado ha infringido el código de conducta, esta puede dirigirse al Comité, que debe examinar la posible infracción y, si considera que la ha habido, proponer a la presidenta que aplique una posible sanción.
