Imagen: presidente de EE.UU., Donald Trump
Según el Centro de Investigación Pew, en 2022 la población nacida en el extranjero en Estados Unidos supero los 40 millones, representando el 13,8% de la población total. Este dato, que marca un récord histórico, evidencia el creciente impacto de la inmigración en el tejido social y económico del país. Dentro de este panorama, se estima que más de 11 millones de inmigrantes residen de manera irregular.
La criminalidad entre inmigrantes: un análisis basado en evidencia
A pesar de los estereotipos, los datos muestran una realidad distinta respecto a la relación entre inmigración y criminalidad. Un estudio publicado en 2020 en la revista de la Academia Nacional de las Ciencias (PNAS), que analizó datos en Texas entre 2012 y 2018, reveló que los inmigrantes indocumentados tienen tasas de arresto por crímenes violentos significativamente más bajas que las de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Este hallazgo se alinea con investigaciones históricas, como la del National Bureau of Economic Research en 2023, que señaló que desde 1870 la tasa de encarcelamiento de inmigrantes ha sido sistemáticamente menor que la de los nacidos en el país, salvo en un breve período entre 1850 y 1870.
De manera específica, los inmigrantes provenientes de México y Centroamérica presentan una probabilidad de encarcelamiento menor que los hombres blancos nacidos en Estados Unidos cuando se controla por nivel educativo. Además, el análisis de vecindarios con alta concentración de inmigrantes en ciudades como Nueva York y Los Ángeles ha demostrado que estas áreas registran tasas de criminalidad más bajas, sugiriendo que la inmigración puede funcionar como un factor estabilizador en términos sociales.
Desafíos de percepción y la importancia de datos empíricos
A pesar de la abrumadora evidencia que refuta la relación entre inmigración y criminalidad, persisten narrativas que asocian a los inmigrantes, especialmente indocumentados, con la inseguridad. Este fenómeno, ampliamente difundido en discursos políticos y mediáticos, subraya la necesidad de basar las políticas públicas y los debates en datos objetivos. Por ejemplo, el estudio realizado en Texas sugiere que los inmigrantes indocumentados tienen un incentivo mayor para evitar actividades delictivas debido al riesgo de deportación.
