Este martes, una nueva escena de violencia sacudió Valence, en el Drôme. Una niña de 14 años fue agredida violentamente por un grupo de niñas a la salida de su escuela, bajo amenazas de muerte. El ataque, filmado y retransmitido en las redes sociales, causó conmoción en la opinión pública. Ante el aumento de los actos delictivos que involucran a menores, resurge una pregunta: ¿deben los padres rendir cuentas?
Una reciente encuesta de la CSA para Le Journal du Dimanche revela que el 78% de los franceses apoya la idea de castigar a los padres de los delincuentes juveniles: el 77% de las mujeres y el 79% de los hombres aprueban esta medida. Los resultados también muestran un amplio consenso generacional. Sin embargo, parece haber una división entre los jóvenes de 18 a 24 años, de los cuales solo el 67% dice estar a favor, en comparación con el 86% de las personas de 50 a 64 años.
Aunque la propuesta cuenta con la mayoría de los franceses, es divisiva según las sensibilidades políticas. Los simpatizantes de izquierda, aunque divididos, siguen estando mayoritariamente a favor. El sesenta y cinco por ciento de los partidarios socialistas y el 55% de los ecologistas apoyan la idea de castigar a los padres. Por otro lado, solo el 23% de los partidarios de La Francia Insumisa aprueba esta medida, lo que marca un profundo desacuerdo con un enfoque considerado punitivo.
En la derecha, el apoyo es masivo. Los partidarios republicanos tienen una tasa de apoyo récord del 94%, mientras que el 89% de los partidarios de la Agrupación Nacional también apoyan esta propuesta. Por el lado del bloque presidencial (Renacimiento), el 88% de los partidarios de la mayoría están a favor de las sanciones parentales, lo que confirma una línea política basada en la firmeza.
Una polémica propuesta de ley
Sin embargo, esta idea no es nueva. Relanzado por Emmanuel Macron en el verano de 2023, tras los disturbios que siguieron a la muerte de Nahel, forma parte de un deseo de endurecer la legislación frente a la delincuencia juvenil. El proyecto de ley, liderado por el diputado Gabriel Attal, proponía medidas clave para responsabilizar a las familias, pero fue reelaborado en gran medida durante las discusiones en el Comité de Leyes.
Varios artículos clave fueron rechazados bajo la presión de los diputados de izquierda y del grupo Liot. Entre ellas, se ha abandonado la comparecencia inmediata de menores de 16 años o más por delitos graves, con la que se pretendía acelerar la respuesta judicial. Otra disposición rechazada disponía la abolición de la atenuación de las penas para los menores reincidentes de 16 años o más. Esta medida habría permitido penas más severas para delitos graves, como atentados contra la vida o agresión sexual.
El reciente asunto de Valenciennes es el último de una serie de acontecimientos dramáticos que han marcado las noticias. El pasado mes de octubre, un adolescente de 14 años fue puesto en prisión preventiva tras matar a su padre en Marsella. Si había evocado un disparo accidental, el caso había reavivado el debate sobre la responsabilidad de los menores y la de sus padres.
Si bien el 78% de los franceses apoya la idea de sanciones financieras o penales para los padres, persisten las preguntas. ¿Permitirán estas medidas reducir la delincuencia juvenil o se corre el riesgo de penalizar a familias que ya son vulnerables? En un contexto de creciente preocupación por la violencia que involucra a menores, el debate sigue abierto.
