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Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición venezolana, emitió un contundente comunicado en el que critica la intromisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en asuntos que corresponden exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE). Según González Urrutia, el TSJ, bajo el control del chavismo, ha comenzado a manejar los resultados del proceso de autenticación de las actas de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, sin hacerlos públicos. El candidato recordó que la Constitución venezolana consagra la soberanía popular, manifestada a través del voto, y denunció que el Gobierno está intentando desconocer su victoria mediante un fraude electoral.
Defensa de la soberanía popular
González Urrutia exigió que el CNE respete la voluntad popular expresada en las urnas y que cumpla con su deber de hacer cumplir la Constitución y las leyes. «La decisión del pueblo no puede ser ignorada por nadie, independientemente de su posición de poder«, afirmó el candidato. Además, subrayó que la Sala Electoral del TSJ no tiene la autoridad para asumir funciones que corresponden exclusivamente al CNE, advirtiendo que dicha acción vulnera el principio de separación de poderes establecido en la Constitución.
Silencio del CNE y reacción de la oposición
El 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral, liderado por Elvis Amoroso, proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones. Sin embargo, poco después, el CNE denunció un presunto hackeo y cerró sus puertas, sin proporcionar información detallada sobre las actas de votación o los resultados de las mesas electorales. Ante este hermetismo, la oposición, encabezada por María Corina Machado, impugnó el anuncio del TSJ y publicó en una página web un amplio archivo de actas digitalizadas, obtenidas por sus testigos y colaboradores.
Machado invitó a la ciudadanía a verificar las actas y declaró a González Urrutia como el legítimo ganador. Esta acción, junto con las protestas masivas que se desencadenaron tras el anuncio de la victoria de Maduro, llevó al gobierno a reprimir con dureza a los manifestantes, mientras denunciaba una «nueva conspiración del fascismo».
Polémica sobre la autenticidad de las actas
En medio de la creciente controversia, Maduro afirmó tener en su poder todas las actas de votación y solicitó al TSJ que resolviera la disputa, presentando dichas actas sin hacerlas públicas. La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, se declaró competente para revisar el caso y prometió un análisis exhaustivo de cada acta para legitimar al ganador. Mientras tanto, la oposición argumenta que las actas son difíciles de falsificar debido a sus características de seguridad, como firmas electrónicas y códigos QR, y retó al gobierno a publicar las actas para verificar su autenticidad.