Líder de las RSF/middleeasteye.com
La administración Biden ha declarado que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán y sus representantes están cometiendo genocidio en la guerra civil en curso con el ejército de Sudán, que ha matado a decenas de miles de personas y ha causado una grave crisis humanitaria.
El secretario de Estado, Antony Blinken, acusó a las RSF de ataques sistemáticos contra civiles, incluidos asesinatos por motivos étnicos, violencia sexual y obstrucción del acceso a la ayuda vital. Se han impuesto sanciones al líder de las RSF, Mohammad Hamdan Daglo Mousa (Hemedti), y a siete empresas propiedad de las RSF en los Emiratos Árabes Unidos, incluida una empresa de contrabando de oro. Los Emiratos Árabes Unidos han negado haber armado a las RSF a pesar de las pruebas que sugieren lo contrario.
El conflicto, que comenzó en abril de 2023, ha desplazado a millones de personas y ha provocado hambruna en partes de Sudán. Estados Unidos tiene como objetivo hacer que los perpetradores rindan cuentas e impulsar negociaciones significativas de alto el fuego. Los grupos de defensa han acogido con beneplácito la medida, haciendo hincapié en la urgencia de abordar las atrocidades.
Daglo y sus empresas, la cabeza visible del genocidio
Mohammad Hamdan Daglo, conocido por su «papel en las atrocidades sistemáticas cometidas contra el pueblo sudanés». Daglo había sido designado por su participación en graves violaciones de los derechos humanos en Darfur, a saber, la violación masiva de civiles por parte de soldados de las RSF bajo su control. Él y los miembros de su familia ahora no son elegibles para ingresar a Estados Unidos, dijo Blinken.
La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, define el genocidio como «actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.»
Numerosas denuncias por violaciones
Las autoridades de Sudán han recibido más de 550 denuncias de violaciones cometidas por combatientes paramilitares desde que comenzó la guerra en abril de 2023, dijo el martes a la agencia de noticias AFP un funcionario del gobierno alineado con el ejército. La información compartida por Sulaima Ishaq al-Khalifa, jefa de una unidad gubernamental para combatir la violencia contra las mujeres, se produce cuando Estados Unidos acusó el martes a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de «violación y otras formas de violencia sexual brutal» durante la guerra.
Una misión de la ONU también ha encontrado pruebas de «violencia sexual y de género generalizada». Khalifa dijo a la AFP que su agencia había documentado 554 casos de violación por parte de combatientes de RSF entre abril de 2023 y diciembre de 2024. La cifra se basa en informes de profesionales de la salud mental que ayudaron a sobrevivientes de violación en centros médicos, por lo que probablemente representa una pequeña fracción del número real de ataques contra mujeres durante ese período, dijo Khalifa.
«Algunas regiones están completamente aisladas, las comunicaciones se han interrumpido y muchas mujeres evitan denunciar la violencia sexual por miedo al estigma social,» dijo. Khalifa dijo que entre septiembre de 2023 y abril de 2024, las autoridades habían aprobado 36 abortos para mujeres violadas por paramilitares, la mayoría de ellos en la capital, Jartum.
Se han realizado 10 abortos a mujeres desplazadas del estado de Al-Jazira, donde los civiles denunciaron una serie de brutales ataques por parte de las RSF. En Sudán, los abortos requieren aprobación legal y están permitidos en casos de violación, embarazos no viables o complicaciones potencialmente mortales.
En octubre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Sudán acusó a las RSF y a sus milicias aliadas de «violencia sexual y de género generalizada», incluidas «violaciones, esclavitud sexual» y otros abusos.
La misión también ha documentado casos de violencia de género cometidos por el ejército y grupos aliados. Pero la investigación de la ONU determinó que las RSF estaban detrás de la «violencia sexual a gran escala» sistemática. RSF ha desestimado previamente los hallazgos de la misión de la ONU como «propaganda».
