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Keir Starmer y su ministra de Economía, Rachel Reeves, han iniciado su mandato en Downing Street enfrentándose a sectores clave de la sociedad británica: pensionistas, pequeños empresarios y agricultores. Esta controversia ha cristalizado en protestas como la reciente manifestación rural en Londres, donde miles mostraron su rechazo con pancartas y camisetas que los enfrentaban directamente al Gobierno laborista.
La polémica se alimenta de decisiones como la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social y el incremento del salario mínimo profesional, medidas que, según empresarios como el portugués Sergio Dionisio, están elevando los costes operativos de las pequeñas empresas.
El mayor aumento de impuestos en una década
El presupuesto presentado el 30 de octubre por Reeves incluyó un alza fiscal de 50.000 millones de euros, el mayor en diez años, con el objetivo de revitalizar un país afectado por años de gobiernos conservadores. Sin embargo, el plan no ha convencido ni a expertos ni a empresarios.
Will Dunn, analista de The New Statesman, advierte que “tocar las leyes fiscales puede provocar revueltas populares”. A esto se suma la inflación, que en octubre volvió a subir al 2,3%, y un crecimiento económico del 0,1% en el tercer trimestre del año, cifras que alimentan la percepción de que el Gobierno no está logrando generar confianza ni resultados tangibles.
Un relato difícil de explicar
El problema, para muchos, no son solo las medidas, sino cómo se han comunicado. La eliminación de subvenciones universales para cubrir costes energéticos, la recuperación del Impuesto de Sucesiones para grandes explotaciones agrícolas y la subida de cotizaciones sociales han sido interpretadas como ataques a sectores vulnerables, pese a que algunas decisiones buscaban beneficiar a los más necesitados o corregir políticas anteriores.
“Hay un fuerte sentimiento de que se están imponiendo medidas sin colaboración ni coordinación con las partes afectadas”, afirmó Rain Newton Smith, directora de la patronal británica CBI. Esta desconexión ha dejado a Starmer expuesto al ataque de la oposición, que ha aprovechado para capitalizar el descontento.
Una oposición revitalizada
La nueva líder conservadora, Kemi Badenoch, no ha tardado en posicionarse como defensora del campo y de los pequeños empresarios. Prometió derogar el “cruel impuesto a las granjas familiares” y participó en la manifestación rural junto a otras figuras de la oposición, como Ed Davey, líder de los liberales-demócratas. La protesta, que congregó a 18.000 personas, se convirtió en una demostración de fuerza del mundo rural. Aunque figuras como Nigel Farage también asistieron, los organizadores evitaron que tomara protagonismo para no revivir las divisiones del Brexit, una cuestión especialmente delicada para los agricultores.
