Francia ha decidido tomar medidas más estrictas para frenar la inmigración ilegal, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana. El nuevo ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha anunciado una serie de iniciativas para combatir esta problemática, como consecuencia de un suceso que ha sacudido a todo el país.
El asesinato de Philippine, una joven de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el bosque de Boulogne, ha puesto en el centro del debate la expulsión de inmigrantes delincuentes. El principal sospechoso del crimen es un joven marroquí de 22 años en situación irregular, pendiente de deportación tras cumplir una condena por violación.
Retailleau, en una entrevista al canal LCI, ha dejado claro que Francia no tolerará más la inmigración ilegal y que está dispuesta a usar todos los recursos a su disposición para hacer frente a esta crisis. Entre las medidas propuestas, el ministro destaca el establecimiento de acuerdos con los países de origen de los inmigrantes ilegales para facilitar su expulsión.
Para ello, ha mencionado el uso de “todos los dispositivos” de presión, entre los que se incluyen la concesión de visados, la ayuda al desarrollo y la imposición de aranceles aduaneros.
El ministro también ha anunciado su intención de prolongar el periodo de retención de los extranjeros en proceso de expulsión, duplicando el plazo actual de 90 a 180 días. Además, se mostró partidario de la aplicación de la “doble pena”, es decir, la expulsión sistemática de los extranjeros condenados una vez cumplan su sentencia.
Europa preocupada por el repunte de inmigración ilegal
Este endurecimiento de la política migratoria tiene como objetivo evitar que se repitan situaciones como la del joven marroquí, quien, tras ser liberado por un juez debido a la falta de autorización para su expulsión, infringió las condiciones de su libertad y aparentemente cometió el crimen de Philippine. La extradición del sospechoso, arrestado en Suiza, está en proceso.
España también está sufriendo una importante crisis en relación con el aumento de la inmigración irregular en Canarias y Ceuta, dos comunidades autónomas que se han visto terriblemente afectadas por la llegada masiva de barcas, y el colapso de los centros de acogida. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga en esta crisis de inmigración.
Por el momento, Sánchez lo único que ha hecho ha sido hacer una gira por Senegal, Mauritania y otros países africanos, donde ha favorecido el efecto llamada para incentivar la llegada de más barcos con inmigrantes a España.
