El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, ha dado este sábado su firma definitiva al proyecto de ley que convierte la gestación subrogada, conocida como «vientre de alquiler», en un delito universal. La normativa, aprobada el pasado 16 de octubre por el Senado italiano, establece sanciones severas tanto para quienes la practiquen como para aquellos que la promuevan o comercialicen.
Según el texto legal, quienes realicen, organicen o publiciten la gestación subrogada, así como la comercialización de gametos o embriones, podrán enfrentarse a penas de prisión de tres meses a dos años y a multas que oscilan entre los 600.000 y el millón de euros. Además, la legislación tiene un alcance extraterritorial: los ciudadanos italianos que cometan estos actos fuera del país también serán juzgados bajo la legislación italiana.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró la aprobación de la ley, calificándola como “una norma de sentido común contra la mercantilización del cuerpo femenino y de los niños”. Meloni, líder del gobierno más conservador en Italia , ha sido una defensora férrea de esta medida como parte de su política de defensa de los valores tradicionales y de la familia.
Eugenia Roccella, ministra de Familia, respaldó la postura del gobierno, afirmando que esta ley coloca a Italia “a la vanguardia entre las naciones en el frente de los derechos”. Roccella también destacó que el objetivo es proteger tanto la dignidad de las mujeres como los derechos de los menores, quienes a menudo son objeto de comercio en este tipo de prácticas.
Diversos sectores han criticado la medida por considerar que ignora el contexto global en el que muchas parejas, incluidas las italianas, recurren a la gestación subrogada como una solución para formar una familia. Organismos internacionales y colectivos de derechos humanos han señalado que la ley podría criminalizar a las parejas italianas que buscan este procedimiento en el extranjero y que, además, podría vulnerar el acceso a derechos reproductivos y de procreación asistida.
Sin embargo, el gobierno italiano ha defendido la norma como un paso necesario para evitar la explotación de mujeres en situaciones vulnerables y garantizar que los menores no sean tratados como mercancías.
