El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha sido liberado este sábado tras pasar 52 días detenido por insurrección debido a la declaración de la ley marcial. Su puesta en libertad se produjo luego de que el Tribunal del Distrito Central de Seúl anulara su arresto al considerar que se llevó a cabo fuera del plazo legal de detención. La fiscalía, por su parte, optó por no recurrir la decisión, lo que permitió que el mandatario abandonara el centro de detención de Uiwang y regresara a la residencia presidencial.
A su salida, Yoon fue recibido entre vítores por simpatizantes y miembros de su partido, el gobernante Partido del Poder Popular (PPP). En un mensaje transmitido a su equipo legal, agradeció la valentía del tribunal por corregir lo que calificó como una detención ilegal. No obstante, su proceso judicial sigue en curso, ya que la insurrección es el único delito por el cual un presidente surcoreano en funciones puede ser procesado y conlleva una posible condena a cadena perpetua.
La liberación de Yoon no pone fin a la crisis política en Corea del Sur. Mientras su juicio penal sigue en marcha, el Tribunal Constitucional deberá resolver en los próximos días si ratifica la destitución del presidente aprobada por el Parlamento el pasado 14 de diciembre. Aunque aún ostenta formalmente el cargo, se encuentra inhabilitado de facto mientras la instancia judicial evalúa la legalidad de su destitución. En caso de que la corte confirme su remoción, el país deberá convocar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
El caso de Yoon ha exacerbado la polarización en el país, con manifestaciones tanto a favor como en contra de su permanencia en el poder. Sus partidarios exigen su restitución y defienden la declaración de la ley marcial como una medida necesaria, mientras que la oposición y grupos progresistas insisten en que su destitución debe ser definitiva.
El Partido del Poder Popular celebró la liberación del mandatario, aunque lamentó que la decisión judicial llegara “tarde” y pidió revisar todos los procesos abiertos en su contra, incluido el del Constitucional. Por su parte, la principal fuerza opositora, el Partido Democrático, criticó duramente la anulación del arresto, calificándola como una “rendición inexcusable” y una muestra de lealtad a un líder insurrecto en lugar de al pueblo.
