Un juez estadounidense ha ordenado al gobierno chino pagar 24.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Esta sentencia se emitió tras la demanda presentada por el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, quien acusó a China de acaparar equipos de protección personal (EPP) durante la pandemia de COVID-19.
La demanda, que involucró a varias entidades chinas, incluido el Partido Comunista Chino y el Instituto de Virología de Wuhan, alegaba que China empeoró la pandemia al obstruir la producción, adquisición, importación y exportación de EPP, además de nacionalizar fábricas estadounidenses que fabricaban estos equipos.
El juez de distrito de Missouri, Stephen Limbaugh Jr., respaldó las afirmaciones del fiscal general y subrayó que la acción de China para acaparar EPP se llevó a cabo junto con su falta de transparencia sobre la existencia, el alcance y la transmisibilidad del COVID-19.
El juez señaló que China violó tanto las leyes estatales como federales contra el monopolio, y que Missouri sufrió daños significativos, tanto por la pérdida de ingresos fiscales como por los mayores gastos en EPP debido a la escasez provocada por China. Según el estado, los gastos adicionales en EPP ascendieron a 122 millones de dólares, y la pérdida de ingresos fiscales superó los 8.000 millones de dólares.
Aunque China se negó a comparecer ante los tribunales, Bailey advirtió que esto no les eximiría de rendir cuentas por lo que consideró un sufrimiento económico y social significativo. El fiscal general anunció que Missouri tomaría medidas para incautar activos de propiedad china, como tierras agrícolas, para cobrar la sentencia. Además, Bailey afirmó que colaboraría con la administración Trump, si fuera necesario, para identificar y confiscar dichos activos.
Por su parte, el gobierno chino ha rechazado la demanda, calificándola de política infundada. Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Estados Unidos, aseguró que la demanda carecía de fundamento legal, y advirtió que, si la decisión judicial afectaba los intereses de China, el país tomaría medidas de represalia. Pekín también había denunciado anteriormente que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre las acciones soberanas de China, calificando el caso como una “farsa”.
