La Abogada General de la Unión Europea ha recomendado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que anule la decisión del Consejo de la UE que confirmó el acuerdo pesquero entre la Unión y Marruecos. En su lugar, insta a que se ratifique la sentencia del Tribunal General que invalidó la decisión tomada por los Estados miembros.
El Sáhara Occidental
En primer lugar, la Abogada General argumenta que el pueblo del Sáhara Occidental carece de representación oficial reconocida para presentar un recurso en su nombre. Sin embargo, señala que el Frente Polisario, que aboga por la autodeterminación del Sáhara Occidental, representa al menos parte de los intereses y deseos de este pueblo.
Abordando el fondo del asunto, la Abogada General sostiene que el Acuerdo de Pesca y el Protocolo de Aplicación no cumplen con el requisito de tratar al territorio del Sáhara Occidental como ente separado y distinto del Reino de Marruecos. Además, señala que esta falta de distinción puede afectar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes.
La Abogada General concluye que, aunque algunos elementos relacionados con los derechos y deberes sobre los recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental no fueron abordados por el Tribunal General, no corresponde al Tribunal de Justicia debatir sobre este asunto. Por lo general, el TJUE sigue la línea argumental de la Abogada General.
Expiración del Acuerdo
El Acuerdo de colaboración en el sector pesquero sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, junto con su Protocolo de Aplicación, fue firmado en enero de 2019 y aprobado por el Consejo de la UE.
En junio de 2019, el Frente Polisario solicitó la anulación de la Decisión del Consejo ante el Tribunal General, argumentando que este no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. El Tribunal General anuló la decisión del Consejo, pero tanto la Comisión como el Consejo presentaron un recurso ante el Tribunal de Justicia en 2021.
La aplicación del protocolo expiró el 17 de julio pasado, lo que resultó en la suspensión de la actividad pesquera, especialmente afectando a España, cuyas flotas andaluza, gallega y canaria poseen 92 de las 138 licencias para pescar en la zona.
