Un informe filtrado del gobierno turco ha destapado un escándalo de corrupción y negligencia ambiental que socavó de manera sistemática las evaluaciones críticas de impacto ambiental, permitiendo que grandes proyectos industriales, mineros y de construcción eludieran los controles regulatorios. Esta manipulación, según expertos, no solo perjudica gravemente el medio ambiente y la salud pública, sino que también favorece a empresas cercanas al presidente Recep Tayyip Erdogan, quienes han obtenido millonarios beneficios mediante contratos polémicos.
El informe, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático como parte de su balance de 2024, revela serias fallas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (ÇED), que debería ser clave en la protección ambiental del país. De los 4.076 proyectos revisados en ese año, más de 3.400 recibieron la decisión de “ÇED No Requerido”, una cifra alarmante que refleja que el 84% de las iniciativas no pasaron por la necesaria revisión ambiental. Solo 641 proyectos fueron aprobados después de una evaluación rigurosa, mientras que 376 fueron rechazados.
La comunidad ambientalista está alarmada por esta situación, describiendo el proceso como una “vía libre” para empresas cercanas al gobierno de Erdogan, que pueden llevar a cabo proyectos destructivos sin tener en cuenta sus efectos nocivos. En particular, el sector minero ha sido señalado como el principal beneficiado, con 1.153 de las 1.368 solicitudes de proyectos mineros exentas de las debidas evaluaciones ambientales.
El patrón de exenciones no es nuevo y refleja una tendencia en el gobierno de Erdogan de favorecer a empresas que operan en sectores con alto impacto ecológico, como la minería. A lo largo de las dos décadas del mandato de Erdogan, entre 2002 y 2022, apenas se rechazaron 24 de las 81.773 solicitudes de proyectos presentadas, lo que subraya la laxitud del proceso y la debilidad de los controles.
Una modificación legal realizada en 2009 permitió que ciertos proyectos siguieran adelante, incluso si sus informes de impacto ambiental habían sido anulados o sujetos a órdenes judiciales. Esto ha creado una grieta por la cual proyectos perjudiciales para el medio ambiente, como el Aeropuerto de Estambul y el polémico Kanal Istanbul, han sido aprobados a pesar de las alertas medioambientales. En ambos casos, los informes de la ÇED fueron aprobados a pesar de las preocupaciones científicas y ecológicas, y los terrenos involucrados fueron adquiridos por aliados cercanos al presidente Erdogan, lo que refuerza las acusaciones de corrupción.
Además, el colapso mortal de una mina de oro en Erzincan en febrero de 2024, que dejó nueve muertos, expuso la negligencia en el proceso de aprobación de proyectos mineros. A pesar de que expertos advirtieron sobre riesgos geotécnicos, las operaciones continuaron sin que se tomaran las medidas adecuadas para evitar desastres. El informe de la oposición destacó que la mina operaba con una capacidad mucho mayor a la permitida, lo que agrava aún más la responsabilidad del gobierno.
Los daños medioambientales derivados de estos proyectos no solo afectan a los ecosistemas, sino que también tienen un grave impacto sobre la salud pública, con la contaminación del agua subterránea, la destrucción de tierras agrícolas y la proliferación de enfermedades relacionadas con la exposición a productos químicos tóxicos. La manipulación del proceso de evaluación ambiental y la falta de transparencia han erosionado la confianza pública, alimentando las críticas tanto nacionales como internacionales sobre la gestión ambiental de Turquía.
Activistas y grupos medioambientales exigen una reforma integral del sistema de ÇED, que incluya medidas de transparencia, un mayor escrutinio público y la eliminación de las lagunas legales que permiten la evasión de los controles. Además, insisten en que los responsables, tanto dentro del gobierno como en las empresas involucradas, deben rendir cuentas por el daño causado al medio ambiente y a la población turca.
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