El 16 de agosto , una coalición conformada por Estados Unidos, la Unión Europea, España y una veintena de países emitió una declaración conjunta en la que se insta al gobierno de Nicolás Maduro a tomar medidas inmediatas para garantizar la transparencia electoral y respetar los derechos humanos fundamentales. En la declaración, los países firmantes solicitan, en primer lugar, la publicación inmediata de todas las actas electorales correspondientes a los comicios. Según los signatarios, la demora en la presentación de estas actas pone en entredicho la legitimidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). De hecho, la declaración hace referencia a un informe preliminar del Panel de Expertos de las Naciones Unidas, el cual señala que el CNE aún no ha presentado dichas actas para verificar la veracidad de los resultados.
Además, se destaca que una versión digital del 80% de las actas electorales apunta a una victoria de la oposición, lo que contrasta con los resultados oficiales. Ante esto, los países firmantes han insistido en la necesidad de una verificación imparcial e independiente de estos resultados, preferiblemente a cargo de una entidad internacional, para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas.
Derechos Humanos
Más allá del ámbito electoral, la declaración conjunta también pone un fuerte énfasis en la situación de los derechos humanos en Venezuela. Se denuncia la represión ejercida por el gobierno contra los manifestantes que han salido a las calles a protestar contra los resultados electorales. Esta represión ha cobrado la vida de numerosos venezolanos, lo cual ha provocado una ola de indignación y rechazo a nivel internacional.
En este sentido, la declaración exige la liberación inmediata de todos los detenidos en el marco de las protestas, incluyendo a representantes de la oposición. Los firmantes expresan su preocupación por las «detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso», y recalcan la importancia de que las autoridades venezolanas respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, como el derecho a la libre expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente.
Conscientes de la gravedad de la crisis en Venezuela, los países firmantes han subrayado la necesidad de un diálogo inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que conduzca a la reconciliación nacional. La declaración finaliza apelando a la historia reciente, recordando cómo el diálogo ha sido clave para resolver graves conflictos en el pasado, e instando a Venezuela a honrar ese legado para recuperar la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política.
