El Departamento de Estado de Estados Unidos ha impuesto sanciones a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por su implicación en maniobras corruptas vinculadas a contratos de infraestructura durante sus mandatos. Según Washington, ambos habrían aprovechado sus cargos para enriquecerse ilícitamente mediante el direccionamiento de fondos públicos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunció que tanto Fernández de Kirchner como De Vido montaron un esquema de sobornos que derivó en la pérdida de millones de dólares para el Estado argentino. La administración norteamericana justificó las sanciones como parte de su estrategia para enfrentar la corrupción sistémica, especialmente aquella que proviene de figuras de alto nivel.
La exmandataria, quien en 2022 fue condenada por la Justicia argentina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La sentencia corresponde a la causa conocida como “Vialidad”, donde se investigó una red de favoritismo en la adjudicación de obras en Santa Cruz, provincia donde el kirchnerismo tuvo su epicentro político.
El proceso judicial también tocó de lleno al exministro De Vido, quien ya acumulaba antecedentes penales. En 2018, fue sentenciado a casi seis años de cárcel por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, un accidente ocurrido en 2012 que dejó decenas de muertos y cientos de heridos. A esa condena se suma otra causa que lo vincula con el desvío de fondos destinados a la modernización del complejo minero de Río Turbio, en la misma provincia patagónica.
Las sanciones desde Washington no solo apuntan a cerrar el cerco internacional sobre los implicados, sino que refuerzan la narrativa de transparencia que promueve la administración estadounidense en su política exterior. El caso argentino se convierte, así, en una advertencia directa para otros actores de la región que abusen de los recursos públicos bajo la protección del poder político.
