Imagen: Una foto de archivo del martes 14 de noviembre de 2017 de una activista sosteniendo una pancarta que decía: «Para él impunidad, para ella una cadena perpetua» durante una protesta en París. Christophe Ena
El caso Gisèle Pelicot ha removido la conciencia social en Francia sobre las agresiones sexuales, hasta el punto de que el Gobierno se plantee modificar el código penal. El pasado viernes, el nuevo titular de Justicia, el exsocialista Didier Migaud, aseguró que está a favor de incorporar la noción de consentimiento sexual explícito en la definición de violación en el derecho francés.
Migaud, ante la pregunta de si sería partidario de incluir dicho concepto en la norma, como el mismo presidente Emmanuel Macron aseguró estar dispuesto a promover, respondió afirmativamente. Una iniciativa que relacionó de forma clara con las violaciones a Gisèle Pelicot, de 71 años.
Algunos de los 50 hombres que se sientan en el banquillo del tribunal de Aviñón estos días, en declaraciones sorprendentes, han expresado dudas sobre lo que significaba el consentimiento y sobre el hecho de que la víctima estuviese realmente sedada y no participando en un juego parafílico. A ninguno de los acusados le pareció necesario recibir algún tipo de aprobación de la víctima antes de mantener relaciones sexuales con una persona incapaz de reaccionar. Tampoco el hecho de que esa falta de consentimiento pudiese implicar que aquello fuera una violación y no un juego.
Francia y la lucha contra las agresiones sexuales en los últimos años
En la actualidad, el artículo 222-23 del código penal define la violación como “cualquier acto de penetración sexual, sea cual sea su naturaleza, o cualquier acto buco-genital cometido sobre la persona de otro o sobre la persona del autor por violencia, coacción, amenaza o sorpresa”. La noción de consentimiento, que resurgió en la década de 2010 con el impacto del movimiento #MeToo, no está mencionada explícitamente en el texto.
Fue el pasado marzo cuando el presidente francés Emmanuel Macron se mostró a favor de una modificación en la definición de la violación y expresó su deseo de que una propuesta de texto pudiera ver la luz “para finales de año”, una perspectiva que quedó suspendida tras la disolución de la Asamblea Nacional, a principios de junio, interrumpiendo los trabajos en curso sobre este tema.
Ha vuelto a retomarse ahora con el caso de las violaciones de Mazan, en las que Gisèle Pelicot decidió antes de comenzar el proceso que todas las vistas fueran públicas. Es decir, que la prensa pudiera tener acceso a las sesiones y estuviera autorizada a narrar diariamente lo que sucedía. La decisión fue un hito en este tipo de procesos en Francia, que suelen hacerse a puerta cerrada por la vergüenza que a menudo sufrían las víctimas. Su abogado, en un momento clave de esta historia, aseguró que Pelicot había decidido abrir el juicio al público para que “la vergüenza cambiase de bando”.
