Corte Suprema de EEUU/Servindi.org
El último enfrentamiento legal entre la administración Trump y James Boasberg, juez principal del tribunal federal del Distrito de Columbia, por la deportación de pandilleros venezolanos, podría derivar en una nueva orden judicial que llegue hasta la Corte Suprema. Este caso aumenta la presión sobre los jueces, quienes deberán definir los límites de la autoridad de los tribunales inferiores y su relación con el Poder Ejecutivo. En los últimos años, el uso de medidas cautelares a nivel nacional ha crecido significativamente.
Un estudio de la Harvard Law Review, publicado en abril de 2024, revela que desde la presidencia de George W. Bush se han emitido 96 medidas cautelares, de las cuales el 86,5% provinieron de jueces designados por el partido contrario al que ocupaba la Casa Blanca. Durante el primer mandato de Trump se emitieron 64 medidas cautelares, mientras que Biden solo enfrentó 14. En los primeros dos meses de la administración Trump, los jueces ya habían emitido al menos 15 de estas medidas, una cifra que contrasta con administraciones anteriores.
Hasta ahora, la administración Trump ha enfrentado decenas de demandas, en su mayoría relacionadas con órdenes ejecutivas del expresidente y actividades del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). La mayoría de las medidas cautelares provienen de tribunales en Maryland y el Distrito de Columbia, pero su alcance es nacional. Es probable que muchas de estas medidas lleguen a la Corte Suprema, ya que Trump sigue impulsando iniciativas como el congelamiento de fondos federales, la deportación de pandilleros extranjeros, el despido masivo de empleados federales, la reinterpretación de la ciudadanía por nacimiento y otras políticas.
El caso ante Boasberg gira en torno al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de Trump para deportar a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Este proceso ha desatado intensos debates en la corte sobre cómo debe responder el gobierno a las órdenes del juez. Como estrategia, la administración invocó el privilegio de secretos de Estado para evitar proporcionar más información sobre las deportaciones solicitadas por Boasberg.
“Este caso trata sobre la autoridad plena del presidente, derivada del Artículo II y el mandato popular, para expulsar a los terroristas designados que participan en una invasión patrocinada por el Estado en los EE.UU.”, argumentó el gobierno ante la corte. “La Corte ya tiene toda la información que necesita para abordar los problemas de cumplimiento. Nuevas intrusiones en el Poder Ejecutivo causarían daños irreparables en términos de separación de poderes y preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional para las cuales la Corte carece de competencia”. El proceso de apelación sigue en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., que aún no ha emitido un fallo. Sin embargo, una decisión desfavorable probablemente llevará al gobierno a apelar ante la Corte Suprema.
La administración Trump ha advertido que la proliferación de medidas cautelares nacionales podría generar una avalancha de apelaciones de emergencia que saturarían la Corte Suprema. Tradicionalmente, la Corte escucha entre 100 y 150 casos al año, seleccionados entre más de 7,000 peticiones.
Los tribunales de distrito han emitido más mandatos judiciales universales y órdenes de restricción temporal (TRO) en febrero de 2025 que en los tres primeros años de la administración Biden. La procuradora general interina, Sarah Harris, alertó que este crecimiento en el uso de medidas cautelares universales está obstaculizando la labor del Ejecutivo. “Este aumento de medidas cautelares universales está bloqueando al Ejecutivo antes de que los tribunales examinen completamente las acciones, y amenaza con sobrecargar el expediente de emergencias de la Corte”, advirtió Harris.
El juez Samuel Alito, en una disidencia reciente, criticó a la mayoría de la Corte por no definir con claridad la autoridad de los jueces de distrito, cuestionando si un solo juez puede obligar al gobierno a pagar 2 mil millones de dólares. “¿Debería un solo juez de distrito, probablemente sin jurisdicción, tener el poder ilimitado de obligar al Gobierno a pagar esta cantidad?”, expresó Alito, evidenciando su frustración con la proliferación de estas medidas cautelares.
El debate sobre la legalidad de estas medidas no es nuevo. En 2018, el juez Clarence Thomas ya había advertido sobre sus posibles excesos. La cuestión podría llegar pronto a la Corte Suprema, ya que el Departamento de Justicia ha presentado apelaciones urgentes solicitando que se restrinja su alcance.
En teoría, las medidas cautelares temporales deberían ser justamente eso: provisionales. Si una orden judicial es suspendida, el gobierno puede recurrir a un tribunal de apelaciones para revocarla o restringirla mientras el caso se resuelve. Recientemente, la administración Trump logró que el Noveno Circuito levantara parcialmente una orden que bloqueaba una de sus órdenes ejecutivas sobre la suspensión de admisiones de refugiados bajo el programa USRAP, argumentando que el presidente tiene un “amplio poder para imponer restricciones de entrada”.
