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El juez Juan Merchan, encargado del caso Stormy Daniels, leerá el próximo 11 de julio la sentencia contra Donald Trump por los 34 delitos de falsificación documental por los que fue hallado culpable este jueves en Nueva York. Estos delitos están relacionados con el pago en negro a una actriz pornográfica en vísperas de las elecciones de 2016 que llevaron a Trump a la Casa Blanca. Cuatro días después, el 15 de julio, comenzará en Milwaukee la Convención Nacional Republicana, donde Trump será designado oficialmente como candidato del partido conservador.
Este es un evento sin precedentes en la historia de Estados Unidos: nunca un expresidente había enfrentado un caso penal, mucho menos cuatro, ni había sido declarado culpable en uno de ellos. Tampoco había ocurrido que un aspirante a la presidencia, con elecciones previstas para el 5 de noviembre, se enfrentara a una posible pena de cárcel, aunque es poco probable que se cumpla el máximo de cuatro años.
Trump sigue su camino hacia la presidencia
Entre las muchas preguntas que surgen tras este veredicto histórico, una destaca: ¿obstaculizará esta sentencia el camino de Trump de regreso a la Casa Blanca? La respuesta es no. A menos que las noticias negativas sobre sus problemas legales afecten la opinión de los votantes, algo que las encuestas actuales no reflejan, la Constitución estadounidense no impide a Trump aspirar al cargo. Incluso si fuera condenado, no se le prohíbe ser presidente, salvo que la condena sea por insurrección, lo cual no aplica en los cargos actuales.
Blindaje constitucional y consecuencias legales
Trump también se beneficia de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que desestimó los intentos de algunos estados, liderados por Colorado, de sacarlo de las papeletas electorales basándose en la sección tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución. Esta enmienda, aprobada en 1868, impide a los insurrectos confederados ocupar cargos públicos, pero no aplica a Trump, quien no enfrenta cargos por insurrección.
La posible condena a prisión de Trump podría tener implicaciones en algunos estados que prohíben votar a los condenados por delitos penales. Sin embargo, en Florida, donde reside Trump, la ley remite a la normativa del estado donde se dictó la condena, en este caso Nueva York, donde no se priva de los derechos electorales a los reos.
Servicio secreto y precedentes históricos
Otra consecuencia inusual sería que los agentes del Servicio Secreto, encargados de la protección de Trump, tendrían que acompañarlo a prisión. La ley estadounidense requiere que protejan a un expresidente las 24 horas del día, incluso si está encarcelado.
Para encontrar un precedente similar a la situación de Trump, hay que remontarse a 1920, cuando Eugene Debs, candidato del Partido Socialista de América, hizo campaña desde prisión tras ser condenado por violar la Ley de Espionaje de 1917. Aunque Debs no tuvo posibilidades reales de ganar, a diferencia de Trump, quien lidera en varias encuestas frente al presidente Joe Biden.
