El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado en su estrategia de endurecimiento migratorio al ordenar acciones punitivas contra abogados y despachos que impugnen sus medidas en tribunales. En un memorando firmado el viernes y divulgado este sábado por la Casa Blanca, el mandatario acusa a parte del sector legal de fomentar “abusos generalizados” y de entorpecer el control migratorio del país.
Directrices para el Departamento de Justicia
El documento insta al Departamento de Justicia y al de Seguridad Nacional a tomar medidas contra lo que califica como “litigios frívolos e intencionadamente hostiles” al gobierno. Entre las sanciones contempladas, se contempla la retirada de contratos federales a firmas involucradas, así como la revocación de credenciales para ejercer en representación de intereses públicos ante la Administración.
Trump también ha instruido a la fiscal general, Pam Bondi, a trasladar directamente a la Casa Blanca los casos que considere especialmente problemáticos, abriendo así la puerta a una gestión centralizada de posibles represalias.
La iniciativa ha desatado una ola de críticas entre organizaciones de derechos civiles. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las entidades más activas en litigios contra políticas migratorias del actual gobierno, ha calificado la orden como un ataque frontal al principio de separación de poderes.
Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, acusó al presidente de intentar silenciar a quienes exigen responsabilidades legales al Ejecutivo, describiendo la medida como una amenaza directa al sistema democrático. Para Wang, se trata de un intento deliberado por desincentivar la defensa jurídica de colectivos vulnerables, especialmente en el ámbito migratorio.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha promovido su agenda a través de decretos y órdenes ejecutivas, en ocasiones desafiando los límites del poder presidencial. Las medidas adoptadas en materia migratoria —incluidas restricciones al derecho de ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU.— han sido objeto de múltiples impugnaciones judiciales. Actualmente, más de un centenar de demandas permanecen en trámite en distintas cortes federales.
Algunos jueces ya han fallado en contra del Ejecutivo, poniendo freno a iniciativas que, según los tribunales, vulneran derechos constitucionales. La respuesta de Trump, con esta nueva ofensiva contra abogados litigantes, se enmarca en un pulso sostenido entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
Voces del ámbito jurídico han advertido que esta medida podría sentar un precedente peligroso, en el que se persiga a profesionales del derecho por ejercer su función crítica y de control institucional. Varios expertos alertan de que, si prospera esta doctrina, se debilitaría gravemente la capacidad de la ciudadanía de defenderse ante decisiones arbitrarias del poder político.
