.El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) afirmó que valorará decretar órdenes de arresto para los principales líderes talibanes en Afganistán acusados de perseguir a las mujeres, un acto calificado como crimen contra la humanidad. Karim Khan dijo en un comunicado que había motivos razonables para creer que el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, y el jefe de la justicia, Abdul Hakim Haqqani, tienen «responsabilidad penal por el crimen contra la humanidad de la persecución basada en el género».
Según el fiscal, «las mujeres y niñas afganas, así como los miembros de la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución abyecta y repetida sin precedentes por parte de los talibanes». Nuestro enfoque es decir que el statu quo para las mujeres y las niñas en Afganistán es inaceptable», agregó.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for warrants of arrest in the situation in #Afghanistan for the Supreme Leader of the Taliban, Haibatullah Akhundzada, and the Chief Justice of the “Islamic Emirate of Afghanistan”, Abdul Hakim Haqqani.https://t.co/zpCmoBEQvb pic.twitter.com/9FHF0bVqAJ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) January 23, 2025
La persecución contra las mujeres en el punto de mira
Los jueces de la CPI ahora considerarán la solicitud del fiscal, Karim Khan, antes de decidir si emiten órdenes de arresto, un proceso que podría llevar semanas o incluso meses. El tribunal, con sede en La Haya, fue creado para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, como los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.
La CPI, sin embargo, no tiene su propia fuerza policial y depende de sus 125 Estados miembros para ejecutar sus órdenes de arresto. En teoría, esto significa que cualquier persona sujeta a una orden de arresto de la CPI debe ser arrestada si viaja al territorio de un Estado miembro. Tras recuperar el poder en Afganistán en agosto de 2021, los talibanes, que imponen una versión ultraconservadora del islam, prometieron ser más flexibles con las mujeres que durante su primer régimen, entre 1996 y 2001, cuando se les privó de casi todos sus derechos.
Pero las autoridades han ido imponiendo gradualmente restricciones drásticas, borrando a las mujeres del espacio público y presionando a la ONU para que denuncie el «apartheid de género». Actualmente, las mujeres afganas ya no pueden estudiar en la escuela secundaria o la universidad, ir a parques, gimnasios, salones de belleza o salir de sus hogares sin un acompañante. Una ley les prohíbe cantar o recitar poesía, en virtud, al igual que las otras directivas, de una aplicación estricta de la ley islámica. También les anima a «velar» sus voces y cuerpos fuera de sus casas.
Los talibanes dicen que las críticas son «infundadas»
Algunas estaciones de radio y televisión locales también han dejado de transmitir voces femeninas. El líder supremo de los talibanes ha ordenado incluso que las ventanas que dan a espacios residenciales ocupados por mujeres afganas sean obstruidas y no se construyan más, creyendo que esto podría conducir a la «obscenidad».
El gobierno talibán dice que la ley islámica «garantiza» los derechos de los afganos y que las críticas a la discriminación son «infundadas». El emir Hibatullah Akhundzada vive casi solitario en su bastión de Kandahar, un bastión histórico de los talibanes en el sur de Afganistán, y rara vez aparece en público. El gobierno talibán no está reconocido por ningún Estado.
