La crisis política en Bolivia tras la solicitud de la Fiscalía General del Estado de mantener en prisión provisional a dos destacados aliados del expresidente Evo Morales, acusados de una serie de delitos graves relacionados con los bloqueos que paralizaron parte del país durante casi un mes. Ramiro Cucho y Humberto Claros, figuras relevantes dentro de los movimientos sociales e indígenas, enfrentan cargos que incluyen terrorismo, asociación para delinquir y secuestro.
El pedido de la Fiscalía
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha subrayado la imparcialidad y exhaustividad de la investigación que llevó a la detención de Cucho y Claros. Según Mariaca, la comisión de fiscales en La Paz actuó con «objetividad y responsabilidad» en la recopilación de pruebas que respaldan la gravedad de los cargos. La Fiscalía ha solicitado que ambos imputados cumplan seis meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro, ubicada en La Paz. Este requerimiento se justifica, según las autoridades, por el riesgo de fuga y la posibilidad de que los acusados interfieran en el desarrollo de la investigación . Además, la Fiscalía ha enfatizado que los derechos y garantías procesales de los detenidos están siendo respetados en todo momento.
Claros, líder de un sindicato campesino, y Cucho, dirigente de una organización de pueblos indígenas, son señalados como piezas clave en los bloqueos que sacudieron Bolivia durante 24 días. Los cortes de ruta, que afectaron las vías hacia el este y oeste del país desde el departamento de Cochabamba, derivaron en enfrentamientos con la Policía, toma de rehenes y la ocupación de instalaciones militares.En el caso de Ramiro Cucho, un registro domiciliario en Potosí llevó al hallazgo de «armamento y munición de guerra», según informó la Policía. Este descubrimiento ha incrementado las sospechas de las autoridades sobre la presunta planificación y financiación de actos violentos durante las protestas.
El impacto de los bloqueos no solo se reflejó en la interrupción de actividades económicas y sociales, sino también en el aumento de la polarización política en Bolivia. Más de un centenar de personas fueron detenidas en relación con estas manifestaciones, que exigían demandas diversas y en ocasiones contradictorias. Si bien los movimientos sociales han sido una herramienta política clave durante el gobierno de Morales, en esta ocasión las acciones fueron calificadas por las autoridades como «subversivas» y una amenaza a la seguridad del Estado.
¿Justicia o persecución política?
La detención de Cucho y Claros reaviva el debate sobre el uso de la justicia en Bolivia como herramienta política. Mientras que el gobierno asegura que las acciones están respaldadas por pruebas contundentes y obedecen a la gravedad de los delitos, los partidarios de Evo Morales denuncian un intento de criminalizar la protesta social y debilitar a los movimientos afines al expresidente.
La situación coloca nuevamente a Bolivia en el foco de la atención internacional, mientras el país enfrenta un difícil equilibrio entre garantizar la justicia y respetar los derechos de aquellos que lideran movimientos de resistencia. La evolución de este caso será un termómetro de la estabilidad política y social de una nación marcada por profundas divisiones.
