El futuro económico de Turquía enfrenta amenazas múltiples, pero ninguna tan grave como el colapso progresivo de su integridad institucional, advierte un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En su Estudio Económico de Turquía 2025, el organismo con sede en París —conocido por promover el desarrollo sostenible y la estabilidad económica global— lanza una crítica severa a la deriva autoritaria del país y al creciente arraigo de la corrupción a todos los niveles del Estado.
Más allá de los desafíos convencionales como la inflación persistente, el déficit de participación femenina en la fuerza laboral o el aumento de emisiones, la OCDE identifica un mal más profundo: la captura del Estado por redes clientelares ligadas al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, cuya consolidación de poder ha debilitado drásticamente los controles institucionales y el Estado de derecho.
Según Transparencia Internacional, Turquía ocupa actualmente el puesto 115 de 180 países en su Índice de Percepción de la Corrupción, su peor resultado en más de una década. La OCDE subraya que esta caída no solo aleja a Turquía de los estándares de los países de la OCDE, sino que la coloca por detrás de numerosas economías emergentes con menor desarrollo económico.
La pérdida de confianza en las instituciones públicas, la falta de supervisión independiente y el uso político de organismos regulatorios están erosionando el entorno empresarial y alejando tanto la inversión extranjera como la innovación tecnológica. De acuerdo con el informe, el sistema político se ha convertido en una herramienta al servicio de la élite gobernante, sin espacios reales para la fiscalización democrática.
Una de las principales críticas del informe radica en la inexistencia de un organismo anticorrupción independiente. Aunque existen entidades encargadas de supervisar la ética pública, su falta de autonomía y capacidad de acción efectiva las convierte en meros símbolos. Las investigaciones de corrupción son escasas y altamente politizadas, especialmente cuando involucran a figuras cercanas al presidente. Desde 2013, tras la purga de fiscales, jueces y oficiales de policía involucrados en escándalos que salpicaban a Erdogan y su entorno, Turquía no ha visto avances reales en materia de justicia anticorrupción.
Otro aspecto alarmante destacado por la OCDE es la opacidad en la contratación pública. El actual marco legal permite a los ministerios y municipios eludir procesos de licitación abiertos mediante cláusulas vagas como “urgencia” o “interés nacional”, lo que ha dado pie a un sistema de favoritismo institucionalizado. La asignación de contratos públicos se ha convertido en una de las principales fuentes de enriquecimiento para aliados políticos y empresariales del régimen.
El informe denuncia que empresas afines al gobierno reciben contratos millonarios sin competencia real, mientras que sus deudas fiscales son perdonadas sin consecuencias. Este capitalismo de compinches, según la OCDE, no solo distorsiona las prioridades del gasto público, sino que también impide el desarrollo de un mercado competitivo y justo.
Además de la corrupción en adquisiciones, la OCDE señala que los organismos reguladores están altamente politizados. La concesión de licencias, la asignación de tierras o los incentivos fiscales suelen beneficiar a firmas con conexiones políticas, mientras que las compañías independientes enfrentan trabas burocráticas y acoso por parte del Estado. Esta discriminación empresarial mina la confianza en la economía y reduce los incentivos para la inversión a largo plazo.
En el ámbito judicial, la situación es igualmente preocupante. Aunque nominalmente independiente, el poder judicial ha sido progresivamente subordinado al ejecutivo. Los tribunales son utilizados como herramientas para reprimir la disidencia, intimidar a la prensa crítica y frenar cualquier intento de investigar la corrupción en los altos niveles del poder. Este deterioro de la justicia “socava la seguridad jurídica, debilita los derechos de propiedad y desalienta la inversión”, advierte el informe.
El retroceso democrático también ha afectado a la sociedad civil. Las organizaciones que trabajan en transparencia, derechos humanos o lucha anticorrupción enfrentan cada vez más obstáculos legales y campañas de intimidación. El nivel de protección a los denunciantes de corrupción es prácticamente inexistente, lo que desincentiva cualquier intento de exponer irregularidades.
El coste de esta crisis institucional es elevado. La corrupción infla el gasto público, favorece proyectos ineficientes y prioriza los intereses políticos sobre el bienestar social. Recursos que podrían destinarse a sectores clave como la educación, la sanidad o la transición energética se desvían hacia iniciativas orientadas a mantener las redes clientelares del poder. En este contexto, la OCDE afirma que “restaurar la integridad del sector público no es una opción, sino una condición imprescindible para el crecimiento y la estabilidad económica”.
El informe incluye una serie de recomendaciones clave: la creación urgente de un organismo anticorrupción verdaderamente independiente, con autoridad para investigar y procesar sin interferencia política; reformas profundas a la ley de contratación pública para garantizar transparencia y competencia; mayor supervisión del financiamiento político; y la adopción de medidas robustas para proteger a periodistas y denunciantes.
Sin embargo, la OCDE reconoce que estas propuestas probablemente no serán escuchadas por el actual gobierno. La gobernanza clientelar se ha arraigado de tal manera que cualquier intento de reforma sería percibido como una amenaza directa a la supervivencia del régimen. Además, la fragmentación y debilidad de la oposición política hacen difícil imaginar una alternativa creíble capaz de iniciar una transformación sistémica.
De no corregir el rumbo, Turquía podría quedar atrapada en un círculo vicioso: instituciones débiles que alimentan la corrupción, corrupción que erosiona la confianza pública, y desconfianza que sabotea cualquier esfuerzo por lograr una recuperación económica sostenible. En este contexto, los pilares de la modernización económica —estabilización monetaria, reforma fiscal y digitalización— resultarán ineficaces sin una limpieza profunda del aparato político y administrativo.
La OCDE concluye con una advertencia clara: si Turquía no actúa con rapidez y determinación para reconstruir su arquitectura institucional, el país se encaminará hacia una crisis estructural prolongada, con un crecimiento económico frágil, tensiones sociales al alza y una pérdida irreversible de legitimidad.
