Imagen: Vigilia nacional por los presos políticos de Venezuela convocada por la oposición en Caracas el pasado mes de agosto. EFE/ Henry Chirinos
La Misión internacional independiente de la ONU ha concluido este martes que el régimen de Nicolás Maduro “ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato”, sumiendo a la nación a la “crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.
La misión, que ha examinado la situación en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, ha documentado “violaciones y crímenes, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas”. Además, ha detallado que, lejos de ser actos aislados, se trata de “un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición” del país, donde Maduro lleva once años gobernando, desde el fallecimiento en 2013 de Hugo Chávez.
«Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano», ha dicho Marta Valiñas, la jurista portuguesa que preside la misión, al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.
“Deterioro del estado de derecho”
El grupo de la ONU ha constatado que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral con el 51,9% de los votos y el antichavismo denunció “fraude”, se ha producido un “nuevo hito en el deterioro del estado de derecho” en el país. Ante ello, “las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”.
El informe también indica que ya en el periodo previo a los comicios, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra y se emitieron órdenes de arresto para otras personas, entre las que se incluyen personal militar, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo durante el mes de julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Entre ellas había másun centenar de niños, algunos con discapacidades, que fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.
“Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país”, mientras que los procedimientos penales iniciados contra los detenidos “violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso”, añade el informe.
La justicia, “subordinada a los intereses del Poder Ejecutivo”
Otra de las conclusiones que la misión de la ONU sobre Venezuela ha podido reafirmar es que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, “está claramente subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo”, de forma que sirve como “un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”. “Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso”, ha señalado por su parte Francisco Cox, experto de la misión.
Como adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria. “El plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales”, indica Patricia Tappatá, también experta de la misión de la ONU, quien aclara que “se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima”.
