Un grupo de expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha instado al Gobierno de Irán a derogar una nueva legislación que impone castigos severos, incluidas penas de hasta 15 años de prisión y la pena de muerte, a mujeres y niñas que no cumplan con el requisito de usar el hiyab. La ley, que entra en vigor este viernes, ha sido calificada por la ONU como un “ataque fundamental” a los derechos humanos.
Violación de derechos fundamentales
Los expertos han señalado que la legislación vulnera principios fundamentales, como la igualdad, la libertad de expresión, la autonomía corporal, la libertad de religión y creencias, la seguridad y la privacidad. “La ley constituye una clara violación de los Derechos Humanos fundamentales y perpetúa la discriminación por motivos de género”, han subrayado en un comunicado difundido por la ONU. Además de las penas de prisión, la legislación contempla multas significativas y la posibilidad de aplicar la sentencia de muerte bajo el cargo de “corrupción en la tierra”, un término que en el sistema legal iraní se utiliza para justificar condenas extremas.
La conocida como “Ley de Protección de la Familia mediante la Promoción de la Cultura de la Castidad y el Hiyab” introduce también un sistema de vigilancia que, según los expertos de la ONU, genera un “clima de miedo y desconfianza” en la sociedad iraní. Este sistema tiene un impacto especialmente grave en mujeres, jóvenes y usuarios de redes sociales, quienes podrían enfrentar represalias por expresar su oposición o por desafiar la normativa.
“El Gobierno de Irán debe derogar de inmediato esta ley y todas las disposiciones legales que discriminen por razones de género”, declararon los expertos. También pidieron que se respeten los derechos de las mujeres y las niñas a decidir libremente sobre su vestimenta y estilo de vida.
La ONU y los expertos han hecho un llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre Irán y denuncie la implementación de esta legislación. Según sus conclusiones, estas medidas no solo son incompatibles con los principios internacionales de derechos humanos, sino que también exacerban las tensiones y el malestar social en un país donde las protestas por la libertad de las mujeres han tomado un papel central en los últimos años.
