La propuesta de un gobernador regional de Indonesia de imponer la vasectomía como requisito para recibir asistencia social ha desatado un fuerte rechazo en el país. Dedi Mulyadi, gobernador de Java Occidental, conocido por sus políticas controvertidas, sugirió que los hombres de familias pobres se sometieran a este procedimiento a cambio de acceso al programa de bienestar social estatal, conocido como “bansos”. Según Mulyadi, las familias pobres suelen tener muchos hijos, mientras que las más ricas enfrentan dificultades para concebir, incluso cuando pagan grandes sumas por tratamientos de fertilidad.
Mulyadi incluso propuso que la vasectomía se volviera un requisito para acceder a servicios básicos como electricidad, becas y viviendas públicas, y que los hombres que aceptaran someterse a la esterilización recibieran una compensación económica de 500.000 rupias (alrededor de 30 dólares). Esta sugerencia generó una gran controversia, especialmente entre los líderes islámicos del país. Cholil Nafis, presidente del Consejo de Ulemas de Indonesia, rechazó tajantemente la propuesta, argumentando que el Islam prohíbe la esterilización permanente y que el control de la natalidad debe ser una decisión personal, no una política coercitiva del Estado.
Además de las críticas religiosas, académicos y defensores de los derechos humanos también denunciaron la medida como una forma de controlar a las clases más desfavorecidas. Sulfikar Amir, profesor de Ciencias Sociales en Singapur, calificó la idea de “ridícula” y señaló que la pobreza no se resuelve regulando los derechos reproductivos de las personas. Según Amir, la pobreza es un producto de un sistema económico injusto que margina a las personas, y no un “fracaso personal” que se pueda solucionar mediante políticas coercitivas.
La controversia también refleja una visión preocupante sobre la pobreza en Indonesia, exacerbada por recientes informes del Banco Mundial que revelan que más del 60% de la población del país se encuentra en situación de pobreza. Esto pone en evidencia la creciente brecha económica y la falta de un enfoque efectivo para abordar la desigualdad social en el país.
