Un kiosko en Madrid. EFE
Este martes ha entrado en vigor el primer reglamento para regular los medios de comunicación a nivel europeo. La UE pretende así garantizar la pluralidad mediática y blindar, sobre todo, a los medios de posibles injerencias políticas con la vista puesta, especialmente, en los ataques a la libertad periodística y los riesgos al pluralismo de los últimos años en algunos países europeos.
No obstante, también impone una serie de medidas en materia de transparencia. Por ejemplo, los medios tendrán que hacer pública la información sobre sus dueños. En concreto, estarán obligados a difundir “el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”.
El reglamento también señala en su exposición de motivos que “es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses”. Sigue afirmando que ello “es un requisito previo necesario para formarse opiniones bien fundadas y, como consecuencia, para participar activamente en una democracia”.
Aunque el texto ha entrado ya formalmente en vigor, no será hasta el 8 de agosto de 2025 cuando se aplicará. Lo mismo sucede con la obligatoriedad de declarar la publicidad institucional que perciben los medios. A la UE le preocupa que los fondos públicos se otorguen de forma “discriminatoria” y que se usen por parte de los gobiernos para comprar voluntades.
La UE pide transparencia
En España, los jueces han ido dando la razón a denunciantes que buscaban la transparencia en la entrega de fondos públicos que, en la mayoría de ocasiones, siguen criterios ideológicos. De hecho, hay muy pocas instituciones en el país que publican el desglose de las campañas y los medios a los que asignan cada partida, como el Ayuntamiento de Madrid o la Generalitat de Catalunya.
En esta misma línea, el reglamento europeo exige el respeto a una serie de principios en la asignación de los fondos públicos para publicidad institucional. Son “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público de antemano por medios electrónicos y fáciles de usar, mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios”.
También establece nuevas garantías para reforzar la independencia de los medios públicos frente al poder. “El responsable de la gestión y los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación serán nombrados siguiendo procedimientos transparentes, abiertos, efectivos, no discriminatorios y proporcionados, establecidos de antemano a nivel nacional”, señala el texto.
