España continúa entre los principales países consumidores de pescado en el mundo, junto a naciones como Portugal, Noruega y Japón. Entre los productos más destacados en la dieta española se encuentra la anchoa, un pescado azul que forma parte de la tradición culinaria del Cantábrico. Este pequeño pez, conocido también como bocarte o boquerón según su preparación, es muy valorado por su buena relación entre calidad y precio, siempre que las capturas lo permitan.
Historia de la anchoa en el Cantábrico
La comercialización de la anchoa como semiconserva en el Cantábrico tiene su origen en el siglo XIX, cuando mercaderes italianos introdujeron esta técnica en la región. Desde entonces, la demanda de este producto ha crecido, aunque hubo un parón significativo entre 2005 y 2011. La Comisión Europea impuso una veda para permitir la recuperación de los caladeros, dado que las capturas de anchoa habían caído drásticamente.
El cierre temporal de la pesquería logró su objetivo de recuperar la población de anchoa, como lo confirmó un estudio reciente publicado en la revista Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Sin embargo, este parón afectó duramente a la flota pesquera. En Francia, los arrastreros pelágicos vieron una reducción del 70% de su flota, mientras que en el País Vasco la caída fue del 40% y en el resto de España, del 22%.
Propuesta de Bruselas para reducir cuotas en el Golfo de Cádiz
Actualmente, la Comisión Europea propone una nueva reducción de las cuotas de pesca de anchoa en el Golfo de Cádiz para los años 2024 y 2025. Esta medida limitaría las capturas a un máximo de 969 toneladas en las aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica, y tendría carácter retroactivo a partir de julio de 2024. La decisión se basa en las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), aunque se espera un informe definitivo sobre la situación actual de las poblaciones de anchoa.
Rechazo de España y alianzas con otros países
España ha mostrado su total desacuerdo con la propuesta de la Comisión Europea y ha formado una alianza con otros 13 países para evitar que Bruselas reduzca las cuotas. El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, considera que la propuesta comunitaria ignora el impacto socioeconómico de la pesquería, a pesar de reconocer la necesidad de proteger la sostenibilidad biológica de la especie. Según España, esta medida llevaría al cierre inmediato de la pesquería, manteniendo a la flota amarrada en puerto hasta junio de 2025.
