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El PSOE ha encontrado resistencia en su intento de frenar las leyes de memoria promovidas por el PP y Vox en diversas comunidades autónomas, como Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. A pesar de que el Gobierno español ya ha llevado la ley aragonesa al Tribunal Constitucional y ha amenazado con hacer lo mismo con la normativa valenciana, sus esfuerzos a nivel europeo han sido en vano. La Unión Europea ha respondido de manera ambigua, señalando que las políticas de memoria histórica son competencia exclusiva de los Estados miembros.
Respuesta de la Comisión Europea
El comisario de Justicia, Didier Reynders, respondió por escrito a la delegación socialista en el Parlamento Europeo, afirmando que la Comisión Europea tiene un papel limitado en este ámbito. Reynders subrayó que, aunque la Comisión está comprometida con la promoción de la memoria compartida de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios en Europa, esto se realiza dentro del marco de sus competencias, las cuales no incluyen intervenir en las políticas de memoria histórica de los Estados miembros.
Antecedentes y posicionamiento europeo
En 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando los crímenes de las dictaduras fascistas y comunistas del siglo XX. Sin embargo, esta resolución fue producto de un arduo debate, principalmente debido a la oposición de los partidos comunistas del grupo de extrema izquierda, que intentaron centrar la condena únicamente en otros regímenes totalitarios.
Diferencias históricas entre Estados miembros
El debate evidenció las divergencias en los pasados políticos de los países que hoy son democracias consolidadas. Por ejemplo, en Polonia, el comunismo es visto como una dictadura que aplastó al país durante 40 años mientras que, en Francia o Alemania, los comunistas son recordados como parte de la resistencia contra el nazismo. Esta diversidad histórica ha llevado a la UE a dejar en manos de cada Estado miembro la responsabilidad de gestionar su propia reconciliación histórica, honrando a las víctimas y condenando a los autores, pero sin imponer una fórmula única para todos.
Uso partidista de las leyes de memoria
La resolución de la UE pretendía evitar que las leyes de memoria histórica fueran utilizadas con fines partidistas en cada país. Sin embargo, en la práctica, esto ha sido difícil de evitar, y España no ha sido una excepción. La situación actual refleja cómo las políticas de memoria pueden convertirse en herramientas políticas, en lugar de servir como instrumentos de reconciliación histórica.
