Imagen: Open Arms en un rescate a inmigrantes-Fundación Guardiola
Los ministros de Justicia de la Unión Europea han aprobado un marco negociador para una directiva que busca combatir las redes de tráfico de personas. Sin embargo, una de las disposiciones más destacadas de esta propuesta es la posibilidad de sancionar a organizaciones no gubernamentales que realizan labores de «rescate humanitario» en el mar, equiparándolas potencialmente a las mafias de trata de inmigrantes.
Aunque el borrador inicial incluía una cláusula destinada a proteger a las ONGs que actúan por razones humanitarias, los ministros decidieron que esta no sea de carácter vinculante. Esto significa que queda bajo la interpretación de cada país determinar si las organizaciones que rescatan inmigrantes están incurriendo en actos ilegales. En consecuencia, gobiernos con políticas migratorias restrictivas, como Italia o Grecia, podrían usar esta ambigüedad para perseguir judicialmente a grupos como Open Arms.
La decisión no ha sido unánime. Países como España, Portugal o Alemania han expresado su oposición a esta medida, mientras que la mayoría de los estados miembros han apoyado dejar abierta la posibilidad de sancionar a las ONGs. Según cifras de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración, 300 personas han sido procesadas judicialmente en los últimos tres años por actividades relacionadas con el rescate de inmigrantes.
El siguiente paso de esta propuesta es someterse a debate en el Parlamento Europeo, donde la mayoría conservadora podría endurecer aún más las políticas migratorias de la Unión Europea, imponiendo restricciones adicionales, reflejando el auge de posturas críticas con el modelo migratorio y la política europea en este sentido. Esta medida marca un punto de inflexión en la relación de la UE con las ONGs.
Las ONGs condenan la propuesta
Entidades como Open Arms o Sea Watch ya se han pronunciado condenando la decisión, la cual califican como “un ataque directo a los derechos humanos básicos”. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados también mostró su preocupación, alertando sobre los riesgos de criminalizar acciones humanitarias. En el lado opuesto, los defensores de la propuesta alegan que muchas mafias se aprovechan de la presencia de ONGs para organizar viajes, contribuyendo así al efecto llamada.
El Mediterráneo sigue siendo una de las rutas más mortales para los inmigrantes, con 2.500 muertes registradas este año, según cifras de Naciones Unidas.
