En las últimas semanas, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, ha vuelto a poner en el centro del debate el gasto exterior del país, enfocándose especialmente en las enormes inversiones en proyectos mediáticos. Uno de los principales objetivos de sus críticas ha sido la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El año pasado, USAID manejó un presupuesto de 40 mil millones de dólares. Ahora, Trump planea recortes drásticos, argumentando que la agencia actúa como una herramienta de propaganda estadounidense para influir en la opinión pública global. Un informe del think tank conservador húngaro MCC Bruselas, titulado “La maquinaria de propaganda de la UE”, traza un paralelismo con la Comisión Europea, que en los últimos años ha destinado crecientes recursos a la promoción de sus valores mediante campañas mediáticas y proyectos dirigidos a acercar la identidad europea a los ciudadanos.
Influenciar la opinión pública para anular las opiniones euroescépticas
Aunque estos programas se presentan como iniciativas para fortalecer el Estado de derecho y los principios democráticos dentro de la Unión Europea, el informe de 60 páginas sostiene que, en la práctica, están sirviendo para impulsar una agenda política concreta. Según el documento, las iniciativas se dirigen especialmente a países cuyos gobiernos han mostrado posturas críticas hacia las políticas de la UE.
El análisis plantea interrogantes sobre si la promoción de derechos civiles e igualdad responde exclusivamente al interés general o si, por el contrario, encubre fines políticos específicos. Un ejemplo ilustrativo es el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV), que financia ONG y grupos de expertos con un presupuesto total de 1.500 millones de euros entre 2021 y 2027, de los cuales 236 millones están destinados solo a este año. A modo de comparación, el presupuesto total de la UE en 2023 fue de 189.000 millones de euros. Para 2025, la Comisión Europea ha fijado objetivos como reforzar la confianza pública en la UE y combatir la desinformación. Sin embargo, críticos advierten que la ambigüedad en la definición de términos como “desinformación” deja un amplio margen para que Bruselas determine unilateralmente qué narrativas son aceptables.
Muchas de las organizaciones que reciben estos fondos promueven la integración europea y el federalismo, en línea con los intereses estratégicos de la Comisión. Un caso destacado es el think tank Friends of Europe, que ha percibido más de 15 millones de euros entre 2014 y 2024. Su presidente, Étienne Davignon, fue vicepresidente de la Comisión Europea y, aunque el grupo se presenta como independiente, sus posturas reflejan consistentemente las prioridades de la UE. Una de sus iniciativas recientes ha sido brindar apoyo estratégico a Ucrania con el objetivo de contrarrestar la influencia rusa en la narrativa pública.
La UE también concede especial relevancia a la opinión de los jóvenes europeos. El European Youth Forum, con sede en Bruselas, ha recibido 40 millones de euros desde 2014 y tiene como prioridad profundizar la integración europea. De forma similar, el Instituto de Política Europea de Berlín (IEP), que ha recibido 14 millones de euros en la última década, colabora estrechamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania y la Comisión Europea en proyectos destinados a combatir la desinformación en países como Moldavia. En 2021, la organización formó a jóvenes moldavos para identificar y contrarrestar campañas de desinformación.
CERV, en teoría, busca fomentar la igualdad y combatir la discriminación. “Muchas de estas iniciativas parecen loables a simple vista”, señala Thomas Fazi, periodista y autor del informe, en una entrevista con el medio alemán Berliner Zeitung. Sin embargo, Fazi advierte que estas políticas también promueven ideologías que pueden entrar en conflicto con valores tradicionales, calificando el fenómeno como “propaganda por poderes”. Lo compara con la estrategia de USAID, conocida por influir en la opinión pública extranjera a través de ONG y think tanks. La diferencia clave, señala, es que mientras USAID opera fuera de Estados Unidos, la Comisión Europea financia organizaciones que actúan dentro del propio territorio comunitario.
La gran cacicada de Rumanía
Un caso reciente es el de Rumania. Tras una decisión del Tribunal Constitucional que anuló las elecciones presidenciales de noviembre por irregularidades en la financiación de las campañas, se acusó a Rusia de interferir mediante redes sociales. El opositor Calin Georgescu fue señalado por el servicio secreto rumano por recibir apoyo ruso a través de TikTok. En febrero, fue detenido brevemente y el Tribunal Constitucional le prohibió volver a presentarse. La Agencia Federal de Educación Cívica lo describió como “extremista de derecha y prorruso”. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, acusó a la UE de socavar la democracia en Rumania.
En los últimos años, la Comisión Europea ha intensificado su inversión en países con tendencias euroescépticas como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. Un ejemplo de ello es el proyecto Blue4EU, coordinado por la Universidad Babeș-Bolyai en Rumania, que ha recibido 375.300 euros para el periodo 2024-2026. Su objetivo es fortalecer el pensamiento crítico entre los jóvenes y aumentar su compromiso con el futuro de Europa, pero Fazi cuestiona si esto no será un intento encubierto de influencia política. Además, señala que la financiación de ONG por parte de la UE genera problemas de transparencia y posibles conflictos de intereses.
Un aspecto particularmente polémico es el concepto de “autolobby”. A finales de enero, se reveló que algunos acuerdos de financiación de la Comisión Europea exigían a las ONG influir en los eurodiputados para endurecer las políticas medioambientales. “Las organizaciones independientes de la sociedad civil son clave para la democracia en la UE y la defensa de sus valores fundamentales”, respondió la Comisión Europea a una consulta del medio alemán Berliner Zeitung. Además, aclaró que las entidades financiadas son responsables de sus posturas, las cuales no necesariamente reflejan las de Bruselas.
Fazi, sin embargo, cree que esto es solo la punta del iceberg. Politico ha señalado que el MCC de Bruselas, autor del informe, tiene vínculos con el gobierno húngaro de Viktor Orbán, y que su investigación responde a una agenda conservadora. No obstante, el medio admite que no encontró errores en los datos presentados.
En su análisis del informe, Politico concluye que, aunque algunos puntos siguen una narrativa específica, la financiación de ONG y su relación con la UE merece una investigación más profunda. La propia Comisión Europea ha reconocido que la desinformación y la manipulación informativa representan amenazas reales para la democracia, ya que pueden socavar las instituciones y dividir a las sociedades.
