Charles Negy/heavy.com
La Universidad de Florida Central (UCF) se encuentra en el centro de una controversia judicial que podría sentar precedentes nacionales. Todo comenzó con la polémica declaración de un profesor sobre el “privilegio negro”, pero lo que siguió fue una respuesta institucional que un juez federal ha calificado como posiblemente represiva e inconstitucional. La reacción de la administración universitaria, más allá de la mera desaprobación, derivó en una campaña disciplinaria que ahora amenaza con poner a varios de sus líderes frente a un jurado.
El magistrado federal Carlos Mendoza ha decidido que cuatro altos cargos de la universidad ,el presidente Alexander Cartwright, el rector Michael Johnson, la exdecana Tosha Dupras y la exdirectora de equidad Nancy Myers, no pueden acogerse a inmunidad calificada. Esto significa que podrían ser considerados responsables a título personal en el juicio por represalias que ha presentado el profesor Charles Negy.
Según Mendoza, los implicados contaban con tiempo y asesoramiento legal suficiente para adoptar una respuesta mesurada ante las publicaciones de Negy, pero decidieron tomar medidas drásticas. El despido de Negy, catedrático de psicología con años de experiencia, podría haber violado sus derechos bajo la Primera Enmienda.
El único funcionario exonerado fue Kent Butler, quien solicitó quejas contra Negy, pero no tuvo un rol ejecutor. Nancy Myers, por su parte, fue liberada de una de las acusaciones, pero seguirá siendo juzgada por otras decisiones. Este fallo se considera uno de los más duros que ha recibido una universidad pública en años por vulneraciones a la Primera Enmienda.
William Jacobson, profesor en Cornell, calificó el episodio como uno de los más alarmantes en el ámbito académico. Según él, Negy fue objeto de una persecución sistemática, enfrentando tanto el acoso digital como una investigación institucional que se extendió ocho meses y se remontó décadas atrás.
Adam Goldstein, de la Fundación FIRE, informó que la universidad realizó 300 entrevistas y redactó un informe de 244 páginas. En él, se trazaron distinciones caprichosas entre discurso protegido y acoso. El juez Mendoza fue tajante: la universidad sabía, o debería haber sabido, que sus acciones violaban la Constitución. Aun así, avanzaron con una investigación dirigida.
En los días posteriores a sus tuits, los administradores publicaron directrices para presentar quejas, lo que aceleró una avalancha de denuncias. Dos de los funcionarios implicados han cambiado de institución. Dupras fue contratada en Texas Tech y Myers se incorporó a Yale, donde dirige un comité criticado por su presunto sesgo contra los acusados.
El comité de Yale fue protagonista en 2023 de un fallo que negó la inmunidad absoluta a una denunciante, lo que derivó en una demanda de 110 millones de dólares por parte de un exalumno absuelto penalmente. Las universidades implicadas han declinado hacer comentarios sobre la sentencia. Negy, mientras tanto, ha seguido activo en redes sociales, promoviendo su libro White Shaming.
Entre los mensajes que provocaron la tormenta figura uno en el que afirma: “El privilegio negro es real” y que “estar protegido de críticas legítimas es un privilegio en sí mismo”. Otro plantea: “¿Seguiríamos proclamando racismo sistémico si los afroamericanos tuvieran los indicadores sociales de los asiático-americanos?”
Mendoza ha considerado que el momento del inicio de la investigación sugiere una conexión directa con los tuits de Negy. La indagación se abrió justo después de que Negy alertara sobre un posible escándalo, y el mismo día en que los líderes universitarios condenaron públicamente sus declaraciones. Dupras incluso dijo estar “de acuerdo con quienes exigían el despido”. El juez indicó que esto podría probar que la investigación fue una maniobra orquestada.
Myers elaboró un informe supuestamente parcial, omitiendo detalles clave y considerando falsas algunas respuestas de Negy. Muchas declaraciones no fueron validadas por testigos, y no se hizo una evaluación de credibilidad, como requería el protocolo. Se le responsabilizó por no denunciar una supuesta agresión sexual, aunque Negy asegura no haber sido notificado oficialmente y que la administración ya conocía los hechos.
Aunque oficialmente la investigación se centraba en su conducta en el aula, el juez determinó que hay indicios de represalia por su discurso público. Cartwright, Dupras y Johnson fueron identificados como tomadores de decisiones directas, mientras que Myers podría ser responsable bajo la teoría de la “pata de gato”, es decir, por crear el contexto para ejecutar la represalia.
El juicio se perfila como un caso clave en la jurisprudencia sobre libertad de expresión en universidades públicas. El proceso judicial ya ha servido como advertencia: la protección constitucional no se suspende en el campus, y las instituciones públicas deben actuar con cautela cuando disciplinan opiniones controvertidas.
